Algo que debe pensarse cuidadosamente en los países que aún no han desbarrancado hacia gobiernos neoliberales: estos últimos son estructuralmente corruptos. La pertenencia de sus personeros a grandes empresas, sus negocios dentro y fuera de su país, su ubicarse a la vez de ambos lados del mostrador (como empresarios privados y como gobernantes) hacen terreno propicio a toda clase de irregularidades y componendas.
Veamos el caso del macrismo en la Argentina. Hasta la canciller, pasando por buena parte de los ministros y el mismo presidente, son (o han sido) empresarios o directivos de empresas privadas. Sin embargo, un tonto sentido común lleva a la creencia de que “como ya eran ricos antes de gobernar, no roban”. Vaya ilusión: como si en algunos casos, esas fortunas no se hubieran amasado aprovechando arreglos espurios con el Estado. Por ej. Francisco Macri -padre del presidente, y que fue socio del mismo- amasó parte de su dinero endilgándole al Estado argentino una fuerte porción de su deuda empresarial, en tiempos de la feroz dictadura instalada en 1976. El macrismo ha simulado rechazo de la corrupción, atacando al Gobierno anterior por episodios cuya autenticidad aún no está del todo clara. Pero eso solo ha sido un dibujo para legitimar su propia política, y presentar el ajuste y empobrecimiento actuales como presunto ‘fruto necesario’ de los malos arreglos que atribuyen al Gobierno anterior, para lo que cuentan con la complicidad manifiesta de los medios de información y de un influyente sector del Poder Judicial.
Y solo por esta complicidad no estallan las pantallas de TV con la actual corrupción oficial. El Ministro de Energía acusado por tomar decisiones en favor de la Shell, a la que perteneció hasta mucho después de haber jurado como ministro. Tres hombres de su gabinete procesados por negociados con el gas en garrafas, a una de cuyas empresas ha pertenecido uno de ellos. El presidente de Boca Juniors, viejo amigo personal del presidente, con proceso por manejo de influencias en el Poder Judicial (en favor del Gobierno). La vicepresidenta con dos procesos iniciados, uno por tenencia de dineros no justificados, otro por nombramiento en el Estado de personal que no trabajaba allí, sino para una fundación ligada a su partido político. Macri, que recién al llegar a presidente fue desprocesado por escuchas ilegales operadas cuando era alcalde de la capital; para hace meses quedar imputado por los ‘Panama Papers’ y las respectivas empresas offshore.
Y esta semana han llovido nuevas causas judiciales sobre el Gobierno: se implican desde una autorización por decreto a parientes de funcionarios para ingresar dineros no declarados a un blanqueo de fondos -violentando expresamente la previa decisión del Congreso en contrario- a un acuerdo con Corea por tecnología para realizar elecciones electrónicas que aún no están aprobadas, o un insólito (y peligrosísimo) memorándum secreto con Qatar, por el cual -según ha trascendido- se colocaría dinero del Estado argentino en una empresa offshore (??), tratándose de dinero que pertenece al fondo con que se paga las jubilaciones del Estado (es decir, se desfinanciaría la caja que asegura a los ancianos).
Ante esta suma no exhaustiva y sin embargo caudalosa de casos, con un gobierno que maneja casi todos los resortes del poder político y mediático, apenas a menos de un año de que se ha instalado, la pregunta es obvia: ¿de cuánto más nos tocará enterarnos cuando sus personeros ya no puedan refugiarse en los castillos y meandros que hoy les otorga su condición de gobierno, todavía relativamente nuevo? (O)
