El macrismo parece haber iniciado 2017 en Argentina dando clases de qué se encontrarán los países latinoamericanos donde aún hay gobiernos de corte distribucionista, si es que se vota a las oposiciones de derecha. Es lo que vendría en Venezuela si logran voltear a Maduro, una condición sobre la que tienen que pensar quienes votarán en países como Ecuador o Bolivia.
Se ha iniciado el año en Argentina con una mezcla explosiva de represión, corrupción, medidas para quitar garantías laborales y jubilatorias, problemas en la provisión de medicamentos a ancianos, liquidación de derechos y subsidios. Al aumento de la gasolina -que va compitiendo con México- se suma la liquidación de un mecanismo de casi 5% de descuento en compras efectuadas con tarjetas bancarias. Por otro lado, se hace un convenio para explotación petrolera en el Sur a cambio de la aceptación de peores salarios y condiciones de trabajo por parte de la dirección entreguista del sindicato: y se propone esto como norma general para el país. Si se quiere inversiones, hay que quitar derechos a los trabajadores, según el credo neoliberal.
Se agudizan los problemas de falta de pago gubernativo a farmacias que deben entregar remedios gratuitos a ancianos, con lo cual varias veces se ha interrumpido ese servicio esencial, del cual depende la vida de estos abuelos. También -en medida aparte- se quita el derecho a recibir medicamentos gratuitos a los ancianos con mejores condiciones económicas -que rara vez son muy buenas-, con lo cual, además, se prepara el terreno para quitarlo luego a otros afectados. También se habla de aumentar el número de años trabajados para poder jubilarse, y se comprometen peligrosamente los fondos previsionales estatales por vía de un extraño acuerdo semisecreto con Qatar, y también por la baja de los depósitos patronales (hecha bajo el pretexto de que “si se baja costo a los empresarios, estos habrán de invertir más”).
El presidente está imputado en tres causas judiciales nuevas desde que inició su período, su vicepresidente en otras dos (diferentes de las tres presidenciales). Cinco causas entre ambos, acumuladas en solo un año. Macri tiene alrededor de 30 firmas offshore en paraísos fiscales, con su familia son alrededor de 40. Hay más de 50 funcionarios con causas judiciales diversas iniciadas, un verdadero récord histórico en el país.
Se reprime a vendedores informales en Buenos Aires, así como a indios insumisos en Patagonia, en este caso por la entrega de tierras a monopolios extranjeros. Vuelve la línea dura generalizada contra la protesta social, muy atenuada en los previos 12 años de la Argentina. Se preparan límites para los aumentos salariales a otorgar en los próximos meses, lo que los dejaría -como ya pasó en 2016- por debajo del nivel de inflación y, con ello, convertidos en rebajas de salario, lisas y llanas.
Con el gobierno macrista han aumentado la pobreza, la indigencia y la desocupación; la inflación sigue siendo alta, mientras se premia a los ricos por vía de la eliminación de retenciones a los exportadores de petróleo, como ya se hizo con otros grandes productores, en ese caso agropecuarios. Es un inicio de año recargado en Argentina, respecto de la ya desastrada situación en que el macrismo dejó al país en 2016. El actual apuro parece deberse a que la población está en vacaciones, gozando del sol y olvidada de la política.
Pareciera que la estrategia es producir situaciones que, cuando los veraneantes regresen, ya sean irreversibles. Pero no es tan fácil: 3.000 echados del Ministerio de Educación protestan en pie de guerra por su súbita pérdida de empleo. Y no se espera que vayan a cejar en su reclamo, si es que no se los reincorpora a sus lugares y condiciones de trabajo. (O)
