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El Telégrafo
Sebastián Vallejo

Los territorios ocupados y el olvido

02 de diciembre de 2016 - 00:00

La gimnasia retórica con la que el Gobierno israelí justifica la ocupación de los territorios palestinos es admirable. Lo ha sido siempre, en diferentes grados de intensidad de acuerdo al gobierno de turno, pero la continuidad de los últimos años de Netanyahu le da fuerza al discurso guerrerista. La ventana para una solución de dos Estados se cierra, no solo con la ineficacia o directa indiferencia de Netanyahu por llegar a un acuerdo real con el presidente palestino Mahmoud Abbas (que lleva su parte de culpa), sino por las posiciones que, dentro del Gobierno israelí, están tomando visiones opuestas a cualquier tipo de acuerdo.

Mientras Netanyahu mantiene la charada de un proceso de paz en el que no parece estar interesado, Ayelet Shaked, nombrada ministra de justicia a inicios de este año, dice que no cree que los dos Estados sea una solución válida en este momento. “El statu quo es la mejor opción para todos”, dijo en una entrevista. El statu quo se refiere, en este caso, a la expansión continua de los asentamientos judíos en lo que el Gobierno israelí llama Judea y Samaria, y que el resto del mundo, incluida la ONU, conoce como territorios ocupados.

Shaked tomó medidas adicionales para consolidar esta estructura de coexistencia a través del propio aparato legal. En el verano, Shaked cambió la ley para que los ‘lanzadores de rocas’, descritos como ‘terroristas’ por Shaked, sean condenados con 20 años de cárcel. Si bien la ministra asegura que la ley se aplica a todo ciudadano israelí, también el Gobierno francés aseguró que la prohibición de usar burkas no era discriminatoria, pero creo que en este punto no se puede ser más conspicuos. Especialmente si tomamos en cuenta que solo 1 de cada 10 casos de colonos israelíes lanzando piedras es, de hecho, procesado.   

Entonces, el problema de este estado de apartheid, como lo calificó John Duggar, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es que hay un aparato que sistemáticamente oprime a todo aquel que no sea judío-israelí. Porque no solo son los árabe-israelíes y los palestinos viviendo en Israel quienes sufren al Estado. Mitad de la población beduina, pastores árabe-palestinos, reconocidos como ciudadanos israelíes, vive en asentamientos que el Estado no reconoce como legítimos. La aldea beduina de Al-Araqib ha sido demolida 83 veces desde 2010.

El año anterior, el Estado los llevó a corte argumentando que debían pagar $ 500.000 para cubrir los gastos de las demoliciones y el despliegue policial. Hace una semana, el Estado ordenó la demolición de otro pueblo beduino, Atir-Umm al-Hiran, para dar paso a un asentamiento judío. Mientras las autoridades reconocieron que los habitantes no están ahí ilegalmente, la Corte Suprema dictó que, al ser propiedad estatal, el Estado podía hacer con ella lo que quisiera. La gran ironía: fue el Estado el que inicialmente trasladó a la comunidad beduina a Atir-Umm. El pueblo recibió una cuenta de $ 30.000 por la demolición.

En los últimos años, el Gobierno israelí se ha llenado de hipernacionalistas de ultraderecha y fanáticos antimusulmanes que hacen ver moderado al propio Netanyahu (quien, de por sí, lidera buena parte de la ocupación, desalojo y negación de derechos políticos básicos a musulmanes). Cómo será la situación que encontraron aliados en partidos de ultraderecha en otras partes del mundo.

Con Le Pen en Francia, por ejemplo, cuyo padre y fundador del partido consideraba el Holocausto como un ‘detalle’. O con el Partido Libertad, de Austria, fundado por antiguos nazis en los 50 y cuyo líder es un abierto admirador de Hitler. La paradoja se puede explicar por ese odio común a todo musulmán. Y si bien las noticias del conflicto se olvidan (por su constante o por una incapacidad de entrar en el ciclo mediático) es importante que no olvidemos que hay un Estado que sistemáticamente oprime a un pueblo que, viendo la dirección que toman el mundo, tiene un futuro cuya única certeza es la tristeza. (O)

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