En el tiempo primitivo los objetos y las personas se vendían a un precio tan irrisorio que se lo comparaba con un plato de lentejas.
Al correr de los tiempos, y con todo lo que ha evolucionado la sociedad, este fenómeno que tiene que ver con el costo de la vida empeora porque cada vez los seres humanos tienen un costo tan minúsculo y devaluado que casi ya no valen nada.
Este es un fenómeno universal y nuestra realidad tiene semejanza y ya los individuos también incrementan su devaluación, sin importar las funciones que ocupan ni los niveles de formación académica que ellos hayan alcanzado.
En el ámbito de la política, la crisis de valoración se deteriora más por las ambiciones de figuración que los sujetos anhelan alcanzar.
Analicemos lo que acontece en estos momentos cuando se ha descubierto una inmensa red de corrupción en las contrataciones de importantes obras públicas por parte del Estado.
Casi una docena de países están afectados por el descubrimiento de negocios sucios y corruptos desplegados por varias empresas internacionales, entre ellas, una brasilera que pertenece a un magnate de apellido Odebrecht y nuestro país no está excluido de este perverso fenómeno que nos afecta desde hace más de diez años.
Varios contratos de obras importantes para el desarrollo de nuestra colectividad fueron concertados con la mencionada empresa y no fuimos excluidos de este azote infernal.
A la hora de arreglar cuentas, aparece que ciertos individuos que cayeron en la tentación de vender su conciencia, hasta reniegan de su pasado y no tienen escrúpulos para enseñorear públicamente su acto de traición ante la confianza con la que el pueblo los eligió para diversos cargos.
Después de participar con una cuota de beneficio personal, los que hace poco tiempo se proclamaban militantes de Alianza PAIS no tienen empacho en traicionar al gestor de ese movimiento político y se convierten en aliados de quienes han patrocinado la persecución de los que fueron sus compañeros y, sin justificación alguna, están siendo víctimas de acusaciones desprovistas de pruebas evidentes de haber tocado parte de esos dineros mal habidos.
Los argumentos en algunos casos son derivados por el vínculo de parentesco entre los presuntos actores de los delitos, lo que atenta contra el contenido de la norma Constitucional, que universalmente no admite que se juzgue como complicidad en la comisión de esos entuertos, por afinidad familiar.
El fiscal que investiga esos latrocinios proclamó la inocencia de los extranjeros corruptores que confesaron su culpabilidad.
Para castigar a los inocentes hay una confabulación que no puede justificarse, porque responde a razones políticas.
Los maledicentes no se saldrán con la suya y, más temprano de lo que puedan imaginar, los que vendieron su conciencia serán castigados por la vindicta popular. (O)
