Después de una visita en Caracas, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la situación del país. La idea de una revisión constitucional sobre bases más populares es, en principio, buena, pero significa un proceso a medio y largo plazo, cuando los problemas son a corto plazo.

Antes del fin del proceso, la gente puede cansarse frente a las dificultades de la vida cotidiana. Estas provienen seguramente del boicot y de la especulación de parte del capital local y del imperialismo, pero también de procesos ordinarios en períodos de escasez: mercado negro, acaparamiento de productos, cambios de producción en función de la ley del mercado, usura de los intermedios, pero también de la corrupción de agentes del Estado.

Sin embargo, hay un peligro de ‘fetichización’ de la ley (aquí de la Constitución) que tiende a identificar el texto jurídico con la realidad. Es un defecto muy latino en todo el mundo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución francesa. Carlos Marx lo señaló ya en escrito sobre La Cuestión Judía. También, definir la base de designación de los electores no será tarea fácil y tomará tiempo.

Finalmente, hay un peligro de no participación de la oposición que dejaría el proceso solo en manos de los ya convencidos, sin hablar de un posible rechazo por una mayoría de la población. Por eso, muchas otras medidas parecen necesarias: renegociar la deuda externa que extrae miles de millones de dólares del país, cuando existe escasez, sabiendo evidentemente que hay el peligro de hacer subir el riesgo país, ya el más alto del mundo.

Otra medida podría ser revisar la deuda interna que termina por ser un financiamiento de la oposición; repensar el arco minero del Orinoco, que quiere arreglar el problema de las minas ilegales, pero que también es un regreso al pasado neoliberal, con concesiones a las grandes multinacionales y pagos de compensaciones por expulsiones del tiempo de Chávez; actuar sobre la distribución todavía en manos del capital local (una decena de grandes empresas que manipulan la escasez), ya que la producción y las importaciones han relativamente mejorado.

También se contempla frenar la especulación financiera que, junto con la hiperinflación, permite a ciertos grupos constituir fortunas enormes al costo del bien público y aumentar la fuga de capitales (una suma estimada a más de
$ 300 mil millones); luchar contra la corrupción interna (incluyendo al Ejército) que obstaculiza la distribución de bienes que el Gobierno compra al exterior; etc. Un grupo contrario a la oposición, pero crítico de ciertas políticas gubernamentales se desarrolla, con propuestas concretas, pero con el peligro de ser identificado, en un clima de confrontaciones extremas, como peligroso o por lo menos utópico y no como proponiendo alternativas dignas de ser consideradas.

Evidentemente, la caída del gobierno de Maduro significaría la subida de un Macri o de un Temer, es decir, de un régimen antipopular; por eso se debe defender su legitimidad hasta el fin de su mandato. Por otra parte, el uso de la violencia por la oposición ha tomado dimensiones inéditas, con la destrucción de edificios públicos (un hospital, un local de la aviación civil, entre otros), la quema de un joven y el uso de excrementos humanos, frente a fuerzas del orden que tienen la prohibición de utilizar armas letales.

Por su naturaleza propia, los medios de comunicación amplían la realidad de las expresiones de la derecha, dando la impresión de un caos generalizado, pero la vida cotidiana continúa a pesar de las dificultades.

Los servicios públicos, como los buses, la recolección de la basura, la limpieza de las calles, funcionan. De verdad, la escasez en un sector como la salud puede ser dramática; y a medio plazo, la falta de repuestos puede afectar la disponibilidad de vehículos.

El 21 de mayo, la oposición llamó a un paro nacional: de hecho, en Caracas, la ciudad no se paralizó y la vida siguió su curso. Sin embargo, para defender su legitimidad, el Gobierno tiene que evitar errores que la ponen en duda y que alimentan las campañas de denigración de la mayoría de los medios de comunicación internos e internacionales. Se podría esperar que Nicolás Maduro adopte más un discurso de jefe de Estado que de militante de base, recordando que habla a la nación, al continente latinoamericano, al resto del mundo y no solamente a sus partidarios.

En fin de cuentas, se trata, en primer lugar, de una confrontación de clases. Las manifestaciones de la oposición lo indican claramente: el tipo de barrios donde se organizan y el público que participa. Una parte de la clase media urbana, muy afectada en su poder de consumo por la caída de la renta petrolera (hoy un repuesto mayor de un carro vale lo mismo que cinco automóviles hace 4 años) juega un papel de apoyo a las clases altas que quieren recuperar el poder político. Estas últimas se juntan a grupos utilizando la violencia (la mayoría de las víctimas es chavista). Pero existe también un descontento fuerte en las clases subalternas a la base del proceso bolivariano, por el deterioro de las ‘misiones’ por falta de financiamiento y por corrupción (sectores de la salud, educación, que todavía existen como estructuras, pero con menos contenido real). (O)