El poco entusiasmo -por no decir ninguno- con que el sector cultural ha recibido la expedición de la Ley Orgánica de Cultura refleja la escasa credibilidad que la gestión cultural oficial tiene entre los artistas, creadores y gestores culturales. Ni siquiera el acceso, al fin, a la seguridad social, a los derechos sociales y laborales que se incluye en la ley genera un mínimo de entusiasmo. Por el contrario, hay desconfianza y desilusión, más aún si estamos ya a tan poco tiempo -40 días apenas- de tener, probablemente, un nuevo presidente.

La ley en muchos aspectos es ambigua y contradictoria. En el caso, por solo citar un ejemplo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ni sus propias autoridades saben exactamente cómo proceder. Por ello es clave y fundamental la elaboración de los reglamentos en los tiempos -entre 90 y 120 días- que establece la propia ley. Y aquí tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio la gran oportunidad para acercarse a los ‘beneficiarios’ de la ley; los artistas y gestores y la propia ciudadanía. No se puede caer de nuevo en la equivocación de elaborar los reglamentos a espaldas de los artistas.  

La creación de los nuevos institutos también genera desconfianza, ya que, al decir de muchos, solo aumentará la burocracia cultural. Sabemos que tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el Ministerio de Cultura y Patrimonio -al final terminaron pareciéndose- son obesos y necesitan reestructurarse, mas aún si el ministerio ya no será entidad ejecutora, aunque sí controladora y supervisora.

¿Cómo y en qué tiempo van a reestructurarse? ¿Van a poder cumplir con los 90 días que establece la ley, más aún si estamos en plena campaña electoral? ¿Ya están listos esos planes? ¿Hay recursos para conceder la jubilación a una gran cantidad de funcionarios y trabajadores de la Casa de la Cultura?  

A mediados de diciembre, el ministerio notificó al personal de la Subsecretaría de Identidades Culturales que al convertirse la Ley de Interculturalidad en un ‘eje transversal’ será la primera en desaparecer. Y desapareció, lo que revela que el Gobierno y el ministerio nunca entendieron el tema intercultural, cuando es fundamental en un país tan diverso, multiétnico y multicultural, como reza la propia Constitución.  

Lo mismo sucede con el famoso Festival de Artes Vivas de Loja. Ni el ministerio ni el presidente saliente pueden (en verdad pueden, pero no deberían) volver a cometer el mismo error de organizarlo sin la participación de un importante sector de las artes escénicas, y peor aún privatizarlo a través de cierta empresa de negocios. El festival no debe ser un mero evento, un espectáculo lucrativo. Debe ser parte de un proceso, incluyente y participativo, que responda a las necesidades y demandas de las artes escénicas.  Y en tiempos de recesión, debe ser austero. No olvidemos que la misma Ley de Cultura está desfinanciada y el Fondo de Fomento recién podrá constituirse plenamente en dos años.

También es cierto que ese ‘quemeimportismo’ de los artistas (solo me importa cuando demando recursos para mis proyectos) debería terminar. Debemos ser activos y, es más, exigir esa participación. A pesar de que es más difícil y compleja en tiempos de campaña electoral, pues casi todo está contaminado por la política y la militancia partidista. Por eso, es válida la pregunta de la gestora y catedrática Paola de la Vega, cuando respecto a la ley se pregunta: ¿qué decimos nosotros? (O)