La aprobación del proyecto del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y con este la creación del Servicio de Protección Público (SPP), ha devenido en la formación de una imagen colectiva donde se estaría dando paso a la creación de escuadrones de la muerte, con civiles armados a la orden y placer del Presidente, listos para dar la última estocada del harakiri hacia nuestra venezolanización. La configuración de una entidad de protección “civil, armada dependiente del Ministerio del Interior”, ciertamente evoca esa imagen. Por alguna razón no vemos a la Policía Nacional como una fuerza de protección ‘civil’ y ‘armada’, dependiente del Ministerio del Interior, cuando lo es.

Y cuando lo más cercano a los ‘camisas negras’ que hemos tenido en Ecuador fue el SIC-10 en el gobierno de Febres-Cordero, adscrito a la Policía Nacional, armado, y dependiente del Ejecutivo.  Dicho esto, la duda y preocupación que genera la creación del SPP es justificada. Justificada porque su creación no termina de ser comprensible bajo la vigente configuración de seguridad a funcionarios públicos (manejada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas). Es decir, ya hay un servicio de protección a los servidores públicos y, a saber, ningún servidor público ha muerto por negligencia del servicio de protección actual. Por otro lado, el manejo de la seguridad interna de los últimos diez años ha sido irregular, por un lado estableciendo la supremacía legal de la autoridad civil sobre las fuerzas de seguridad, pero por otro borrando los límites de competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mezclando funciones, cuando lo que se debería buscar es lo contrario, separarlas.

Este entendimiento impredecible de la seguridad interna se da en una coyuntura donde un sector importante de la oposición grita ‘¡Fuerzas Armadas!’ ante cualquier cuestionamiento democrático, lo cual es una actitud profundamente antidemocrática (a ti te estoy viendo, Andrés Páez).

Es, por decir lo menos, un tema delicado donde las competencias que se le atribuyen a unas fuerzas que pueden, legalmente, ejercer el uso de la violencia, no pueden ser establecidas ligeramente, sin un debate más amplio. Especialmente cuando la creación de un tercer cuerpo armado, uno más del que tradicionalmente se establece, conlleva serias repercusiones. No solo las confrontaciones mundanas sobre parcelas de poder que se abren entre organizaciones armadas tradicionalmente celosas de su poder, sino el establecimientos de límites y el proceso de asignación de directrices. A los problemas históricos que hemos tenido como nación (y continente) en nuestra relación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las complejas disputas de poder que muchas veces han terminado en golpes de Estado y dictaduras, le estamos aumentando una instancia más de conflicto.

La precaria línea de independencia y sujeción que deben tener las fuerzas de seguridad ante el poder civil es compleja, muchas establecidas como partes de procesos históricos que han terminado favoreciendo una u otra cualidad. La ley que regula el SPP, como está, no es lo suficientemente clara al momento de establecer esos límites. La dirección, rectoría y regulación recae enteramente sobre el Ministerio del Interior, desde donde se establecerá una fuerza de seguridad cuya respuesta al Ejecutivo no tiene matices. Tampoco se establece una clara pauta de lo que incluye la protección a un funcionario. Ni su presupuesto. Ni tamaño. Todos elementos que pudieron, y debieron, ser debatidos en la Asamblea y establecidos desde un inicio en la ley.

El problema con el SPP es que su creación parece, más que nada, apurada e irresponsable. Una historia de problemas graves con las fuerzas de seguridad, la más reciente hace 7 años, no parece haber sacudido nuestra memoria política. (O)