La decisión de explotación del Yasuní constituyó un punto de inflexión en este gobierno, que antes nos enganchó en un sueño colectivo por una propuesta novedosa y alternativa de defensa del medio ambiente, en consonancia con la inédita perspectiva de defensa de derechos de la naturaleza y con el paradigma del Sumak Kawsay.
Como una reacción social, que da cuenta de una sociedad civil activa, se constituyó un colectivo para la defensa del Yasuní, bajo la premisa de llevar a consulta popular un tema de por sí complejo por las implicaciones ecológicas, económicas, pero también simbólicas para las y los ecuatorianos.
No deja de sorprender la observación realizada por funcionarios del Consejo Nacional Electoral CNE, en el sentido de que “el 14 de octubre se entregó a los dirigentes de Yasunidos un dispositivo con la información de los formularios y 2 muestras impresas. Paredes hizo una comparación del papel, que debe ser bond y en formato A4 estandarizado, con el que salió en el diario quiteño, con el que existe una evidente diferencia de tamaño. Explicó que para la verificación de las firmas las medidas son clave y el tipo de papel” (Telégrafo, 14 de marzo/14). A esto es lo que refiere este titular ¡la democracia atrapada en A4 y papel bond! Me parece que los comentarios sobran en este sentido, o quizás no…
En las décadas del 80 y 90, los movimientos sociales en este país lucharon en medio de restricciones de una democracia formal y de políticas neoliberales más o menos pragmáticas, por construir otro tipo de democracia, una de carácter participativa y directa, una en donde los ciudadanos y ciudadanas podamos opinar, plantear, reconsiderar e impugnar. De ahí que la Constitución incorporó este tipo de democracia en su texto; que se alentó una Ley de Participación Ciudadana; que se instituyó un cuarto poder a través del Consejo de Participación Ciudadana, que deberá ser valorado en sus luces y sombras.
Hoy, luego de que hace 3 años se realizara una consulta popular para temas diversos como penalización por la no afiliación a la seguridad social, muerte de animales en espectáculos públicos, supresión de casinos, entre otros -todo ello legítimo por cierto- aparece como un chiste de mal gusto el argumento del CNE acerca del tamaño y tipo de papel para dar paso a una iniciativa ciudadana que, constituida por jóvenes, ha sorprendido por la capacidad de auto-organización, la movilización de recursos humanos y el enorme esfuerzo desplegado, que se basa no en otra cosa que en los ideales que están por detrás. ¿Acaso esto no da cuenta de una vibrante sociedad civil preocupada por temas ecológicos, que tanto desdeñan los sociólogos? Como sociedad nos hará bien, en el ejercicio de la democracia directa, decidir si explotamos o no el Yasuní.
