El Congreso de EE.UU. decretó sanciones relacionadas con el sector energético y bancario de la economía rusa, que apuntan contra el proyecto ‘Nord Stream 2’ y las empresas que hagan inversiones, vendan, alquilen o proporcionen a Rusia servicios, tecnología, información o apoyo para la construcción de tuberías de exportación de hidrocarburos.
Se trata, dicen, de castigar a Moscú por intervenir en las elecciones presidenciales de EE.UU. y por su política en Siria, Irán y Ucrania. Más allá de la ilegalidad de estas sanciones, que institucionalizan la nueva Guerra Fría e ignoran los intereses de otros países, vale la pena recalcar cierto detalle: los congresistas realmente disparan contra Trump al que, gústele o no estas acciones, meten en un callejón sin salida, pues si las aprueba su situación se torna escabrosa, tanto en lo interno como en lo internacional, y si las reprueba será acusado de ser agente del Kremlin y arrojado de inmediato de la Casa Blanca.
Los congresistas se oponen a la construcción del gasoducto ‘Nord Stream 2’ por considerarlo nocivo “para la seguridad energética de la Unión Europea (UE), para el desarrollo del mercado de gas en Europa Central y del Este y para las reformas energéticas de Ucrania”. Suena racional. Sin embargo, altos ejecutivos de empresas petroleras de EE.UU. piensan que las medidas pueden dificultar, no solo en Rusia, la producción de gas y petróleo y dañar la competitividad. El presidente del Instituto Americano del Petróleo, Jack Gerard, pide hacerles una “enmienda radical para evitar consecuencias imprevistas”.
En Europa, el ministro de Exteriores de Alemania, Gabriel, y el canciller federal de Austria, Kern, subrayaron que las penalidades políticas no deben mezclarse con los intereses económicos y expresaron el deseo de que se modifique la normativa. Sostuvieron que el propósito de esta ley es la venta a Europa de gas licuado estadounidense, para desplazar al gas natural ruso y asegurar empleos en la industria de EE.UU. “¡El suministro energético es asunto de Europa y no de EE.UU.! Nosotros decidimos quién y cómo nos suministra energía...” suscribieron en una declaración conjunta. Más claro no canta un gallo.
Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, escribe para The Wall Street Journal: “A menos que sea sometido a una revisión significativa, el proyecto de ley pondría en peligro la seguridad energética europea y dañaría las relaciones de Estados Unidos con Europa…”, que el proyecto de ley no solo no logrará sus objetivos, sino que causará nuevos problemas por promover los intereses comerciales de EE.UU. a expensas de Europa. Es que, “esta no es una cuestión que deba decidirse en Washington”, pues se trata de “una cuestión europea, que los europeos deben decidir con base en la legislación y la reglamentación europeas”. Ojalá no se rindan.
Europa debería aprobar leyes, por el comportamiento bélico e ilegal de EE.UU., que beneficien los negocios europeos. Pero, ¡qué va! Esta es harina de otro costal y deberá correr mucha agua bajo el puente antes de que el Viejo Continente se libre de la férula imperial. Aunque no hay que ser pesimistas, según el Financial Times, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, llama a examinar la respuesta a EE.UU. si este país impone nuevas sanciones a Rusia sin considerar los intereses de Europa, insta a Washington a que públicamente garantice que las nuevas restricciones a Rusia no afectan a la UE e incluye la posibilidad de considerarlas inválidas en el territorio de UE.
Si así llueve, que no escampe. (O)
