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El Telégrafo
Soledad Stoessel

Entonces, ¿quiénes eran los populistas inescrupulosos?

26 de febrero de 2017 - 00:00

El discurso construido para atacar a los gobiernos progresistas se apoya arquetípicamente en afirmaciones fáciles sobre la voracidad de las instituciones por parte de los populismos. Semejante relato es derribado sin problemas al mirar breve y rápidamente porciones de nuestras realidades. Una de ellas es la jornada electoral que se vivió en Ecuador.

Esta jornada reveló un impresionante conjunto de ‘posverdades’ que revelan cuán entrampados estamos por una lógica en que todo, cualquier cosa, puede ser dicha sin apenas reparar en sus consecuencias. El análisis sobre el vínculo entre populismo e instituciones se ha basado más en juicios de valor y lecturas descalificadoras que en análisis sistemáticos sobre lo que efectivamente sucede a nuestro alrededor.

Aquellos que se ocuparon incansablemente de pregonar que los populismos avasallan las instituciones básicas de la democracia (representativa), desde el 19 de febrero expresaron todas las muestras de que son ellos mismos los que las repudian. ¿Acaso no eran los gobiernos populistas aquellos que despreciaban a las instituciones democráticas? ¿Acaso no eran los procesos progresistas los que arremetían contra ellas e incluso convocaban a las ‘masas’ a apoyar esa (supuesta) ilegítima embestida?

Comedia, proyección psicoanalítica o ansioso intento por torcer resultados populares: desde un candidato presidencial desesperado por desconocer la voluntad popular, hasta actores políticos trajeados como ‘analistas’ y aupados por los grandes medios privados, y algunos sectores de la sociedad fogoneados por irresponsables bombardeos mediáticos, dieron muestras de un rotundo desprecio por las instituciones, incluso de aquellas básicas en cualquier sociedad que se precie de democrática, como son las que autorizan al ente electoral nacional a organizar las contiendas electorales, según determinadas reglas.

Apenas conocido el primer informe del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de las elecciones generales, el banquero candidato Guillermo Lasso no solo anunció imprudentemente una segunda vuelta sino que arengó a desconocer los resultados del organismo electoral cuando aún solo estaba escrutado 20% de los votos (https://twitter.com/LassoGuillermo/status/833458189387571200).  Ni bien se cerraron las urnas y se procedía al conteo, el banquero anunció que no permitiría una derrota electoral. Expresiones de odio en redes sociales contra ciudadanos manabitas que votaron por el oficialismo (https://twitter.com/Canditabil/status/833448591687573504), movilizaciones de grupos políticos para advertir extorsivamente un desconocimiento de los resultados si el CNE no anunciaba una segunda vuelta, la presión de actores políticos, como del alcalde quiteño, para que el organismo publique “de inmediato” los resultados (http://www.elcomercio.com/actualidad/alcaldedequito-cne-resultados-elecciones2017-mauriciorodas.html), fueron todas evidencias de la incapacidad de buena parte de la clase política ‘antipopulista’ para hacer estallar un proceso que, excluyendo sus intervenciones, tuvo un alto desempeño democrático —tal como lo señalaron los diversos veedores internacionales—. Si son los populismos (y sus liderazgos) los que se empeñan en derruir las instituciones, ¿acaso los que afirman esta sentencia y se presentan como paladines de su resguardo no deberían haber dado el ejemplo en sentido contrario?

Si es el liderazgo populista (en este caso de Correa) el que somete a la institucionalidad democrática a su designio y voluntad, ¿por qué entonces el CNE, supuestamente manipulado, no anunció una victoria del candidato oficialista de inmediato? ¿Para qué dilatar tanto los resultados y generar un caldo de cultivo para mayores sospechas? El día posterior a las elecciones desde el Gobierno se anunció que se requería mucha cautela para contar cada uno de los votos que aún faltaban por ser escrutados, porque eso definía la elección (entre un 10% y 12%). Sin embargo, hay que reconocer que la actuación del CNE, en un momento en que el margen para que Lenín Moreno alcance el 40% (llevándole 10 puntos al segundo y por tanto gane en primera vuelta) era tan estrecho, requirió mayor prolijidad política y capacidad de comunicación pública para calmar la ansiedad y cualquier tipo de sospecha. Quizás tardíamente, ya habiéndose generado suspicacias y producido desmanes en el espacio público, el CNE convocó a una reunión entre los 2 principales candidatos para alcanzar una suerte de tregua hasta que los resultados definitivos se hicieran públicos. En este contexto pareció quedar relegada la cuestión del innovador referéndum que se orientaba a controlar la capacidad de las grandes fortunas para fugar del país y a inmunizar a sus instituciones de la corrupción. La victoria del pueblo ecuatoriano (por ahora, los resultados dicen que el 54% se pronunció a favor del Sí) para combatir el privilegio ilegítimo e ilegal de unos pocos que evaden los impuestos (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38956979) pareció ser otra prueba del ejercicio democrático y de la preocupación de la ciudadanía por garantizar mayor transparencia en la institucionalidad.

¿Cómo se puede entender que habiendo edificado su campaña electoral sobre la “lucha contra la corrupción” y sobre la recuperación de las instituciones de las garras populistas, Lasso no haya hecho siquiera un comentario sobre la contundente decisión de la voluntad popular para enfrentar la connivencia entre el poder económico y el poder político? Por ahora, el escenario político está abierto. Habrá que aguardar los resultados y probablemente disponerse a reactivar la campaña de cara a un eventual balotaje el 2 de abril. Quizás las verdades reveladas en esta jornada electoral hayan clarificado aún más las propuestas políticas y, sobre todo, evidenciado el modus operandi de ciertos sectores políticos. También la necesidad de que, siendo gobierno, exista una aún mayor responsabilidad por garantizar el pronunciamiento de la voluntad popular. (O)

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