Como siempre, tomando el toro por los cuernos, el presidente Correa envió el 23-05-2017 el proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, a ser aplicado a empresas proveedoras de estos servicios en el país. Las grandes compañías dicen tener políticas al respecto, por lo que dicha regulación se orientaría a garantizar su cumplimiento.
Antes siquiera de entrar en una discusión en torno al tema, ya hay quienes han puesto el grito en el cielo. Pero, cabe preguntarse, ¿por qué si en el mundo real (offline) los actos discriminatorios y de odio están sancionados, en el mundo virtual (online) se los puede practicar, y romper así el pacto social de convivencia al que estamos obligados como ciudadanos(as)? ¿Por qué instituciones nacionales e internacionales se preocupan tanto por la expansión de este fenómeno, pero no hacen nada efectivo para combatirlo? ¿Por qué los diagnósticos sobre la discriminación y el ciberodio son tan alarmantes y las soluciones tan triviales?
No hay duda de que este doble rasero plantea un problema de poder en la construcción democrática expresado en la contradicción entre libertad de expresión y derecho a la no discriminación. Se ha otorgado a la primera una supremacía frente al segundo, basada en el dominio de los intereses de los imperios y el capital en el campo de las ‘expresiones’ humanas, que devela la quimera de la libertad de los individuos y el mito de la ‘horizontalidad’ de las redes.
Porque en estos espacios, imperios y capital movilizan la opinión controlando ejércitos de trolls o bots que son los que construyen los hashtags, viralizan contenidos y manipulan las emociones de los cibernautas con fines específicos. Son espacios mediados por los poderes fácticos en los que los(as) ciudadanos offline se convierten en no ciudadanos(as) online.
En contraparte, los(as) discriminados y objetos de odio a escala mundial no son precisamente los hombres blancos, burgueses, heterosexuales del Norte, con sus capacidades íntegras, sino fundamentalmente, las poblaciones históricamente discriminadas del Sur o quienes se oponen al sistema de dominación, configurando una opresión simbólica y material de clase, de género, étnica y de ‘Zonas del Ser’ sobre las del ‘No Ser’.
Por ello, en el contrasentido de democracias neoliberales, la libertad de expresión se impone sobre el derecho a la no discriminación.
Pero, desde el Sur, el proyecto de Correa busca, justamente, equilibrar ambos derechos y responde a las siguientes preguntas implícitas. ¿Puede el Estado exhibir impavidez frente a un fenómeno que debilita nuestra frágil democracia? ¿Puede no garantizar el derecho a la no discriminación de las poblaciones más expuestas a ella? ¿Por qué internet y las redes sociales que forman parte del espacio público estarían fuera de la regulación de ese espacio? ¿Por qué si a nivel internacional ya existen campos regulados, no se lo ha hecho con el ciberodio y la discriminación? ¿Acaso la dignidad de los seres humanos no tiene la misma importancia? (O)
