Ahora en Argentina se ha exhibido hasta la saciedad los videos de José López, exmiembro del Ministerio de Obras Públicas, que en una acción estrafalaria apareció en un monasterio, y de noche, tirando bolsas con dinero hacia dentro del predio monacal. El dinero es cuantioso y no caben dudas de que quien lo portaba ha estado incurso en corrupción, la cual seguramente no fue solo individual, dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Menos claro resulta el procedimiento del personaje: el cual, salvo que esté muy desequilibrado, cabe suponer que puede haber sido coaccionado para aparecer en esa situación tan bochornosa como inverosímil. Por cierto que los servicios de espionaje saben cómo montar situaciones.
Cabe advertir que el gobierno de Macri venía en vertical caída de su popularidad, y no parece casual la insólita aparición de López, si bien tampoco puede probarse que no lo fuera. Más evidente es la cuestión con Pérez Corradi, ligado a los llamados crímenes del Gral. Rodríguez, perpetrados por negociado con estupefacientes: él estaba en Paraguay y -oh, casualidad- también fue detenido y presentado a la prensa en la misma semana de los desaguisados de López. Se busca vincularlo al gobierno anterior, vinculación que, cuando es declarada, parece abrir puertas a los detenidos (como ocurrió con otro implicado en ese caso, de apellido Fariña, abruptamente liberado de la cárcel).
Que el gobierno de Macri ostente el indeseable récord de alrededor de 10 funcionarios imputados en causas judiciales, apenas a 6 meses de haber asumido; o que el mismo Macri haya jurado su presidencia procesado en una causa y ahora esté imputado en otra (la primera por escuchas ilegales, la segunda por los ‘Panama Papers’ y las empresas offshore) no parece importar a una prensa ampliamente jugada en favor del gobierno proempresarial. Y la población difícilmente advierta que empresas en remotos sitios pueden ser tan nefastas como el lanzamiento de bolsas de dinero por sobre las paredes. Lo que debiera importar no es la elegancia o lo farsesco del acto, sino que en ambos casos se ha defraudado al pueblo. No por igual, por cierto; pues la cuestión principal no es quién tiene más corruptos entre el gobierno anterior y el actual, sino para qué modelo de país ha trabajado cada uno. El anterior bajó la deuda a la mitad del PBI, posibilitó consumo masivo, disminuyó la pobreza del 53% al 32%, bajó la desocupación del 23% a menos del 7%, logró un índice de desigualdad social del 0,38, cuando antes había sido del 0,52.
El actual gobierno está duplicando los índices de inflación previos, que ya eran altos. Ha dado aumentos salariales por debajo de la inflación, disminuyendo el poder adquisitivo de la población. Ha propiciado la desocupación de alrededor de 150.000 personas en seis meses, y en 120 días provocó la existencia de 1’500.000 pobres más en Argentina, medidos por la Universidad Católica (que a menudo se ha mostrado cercana al macrismo). Ha aplicado letales aumentos de tarifas, que llegan al 1.800% en algunos casos. La lucha contra la corrupción, cuando es clara, debe ser bienvenida. Cuando va contra unos y se disimula contra otros, se vuelve dudosa. Cuando en la Oficina Anticorrupción se designa a una prominente miembro del oficialismo, se garantiza la mirada tuerta o miope, que solo ve hacia el lado que le conviene.
Y cuando la situación social es mala y se la disimula con coartadas televisivas por vía de persecución unilateral de opositores -efectivamente corruptos en algunos casos, no demostrado que lo sean en otros-, vemos usar la lucha anticorrupción como cortina de humo para tapar el propio fracaso. (O)
