Una vez más los medios de comunicación, el pasado 3 de diciembre, demostraron cómo las agendas comerciales priman por sobre las agendas sociales prioritarias. Parece que tener presente un día como ese no genera el suficiente rating, ni la suficiente ganancia como para darle el espacio necesario en sus parrillas de contenidos. Eso demuestra una y otra vez que la programación de aquellos medios privados, no responde a los objetivos nacionales, sino solo a los intereses económicos de ciertos sectores políticos. Reconocer a escala internacional a las personas con discapacidad fue toda una lucha por su visibilización social. No se puede hablar de sociedades fuertes, cohesionadas, integradas si las personas con discapacidad no son reconocidas en su plenitud de derechos. Se debe entender que no es que la sociedad les hace un favor reconociéndolos, sino que es deber de las sociedades, deber de los Estados, cumplir con las leyes internacionales y nacionales para que aquellas personas participen de manera integral en sociedad. El reconocimiento de las personas con discapacidad es un problema complejo que pasa por la toma de consciencia de que las condiciones de vida de ellos han sido sistemáticamente violentadas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce: “La importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”. Que para el caso de las mujeres y niñas con discapacidad “suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”. Por lo tanto, exige que los Estados, que las sociedades, asuman con plena consciencia los derechos humanos y libertades que tienen las personas con discapacidad. Plantea la necesidad de entender con claridad eso llamado “comunicación”, “lenguaje”, “discriminación por motivos de discapacidad”. Establece principios como los de respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, la no discriminación, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, la accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Establece obligaciones como: adoptar medidas legislativas, administrativas para hacer efectivos los derechos. “Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad”. Hace un énfasis especial en el caso de mujeres, niños y niñas con discapacidad, considerando primordial su protección. Quién puede negar cuanto se ha avanzado en el caso ecuatoriano, pero que hace falta mucho por hacer. Que no podemos ser indiferentes pensando que el único responsable es el Estado. Como sociedad debemos cumplir con ellos. La mayoría de candidatos temen afrontar “el tema”, no saben cómo, ni han leído la Convención. Por eso plantear que la Misión Manuela Espejo será reactivada es pertinente con una sociedad que busca avanzar hacia el Buen Vivir, porque sin ellos, simplemente, no lo lograremos. (O)
