Se han transparentado las cifras de la deuda pública externa de Ecuador, que provocaron controversia, dando origen a que la derecha y su bancocracia tergiversen, desinformen, calumnien a la RC. El Ministerio de Finanzas ha desmentido con cifras y ubica la deuda en $ 28.552.2 millones, 28% del PIB. Si bien creció a lo largo de los últimos 10 años, tuvo destinos productivos y de beneficio social.
Dicho porcentaje es muy inferior al que se registraba en tiempos de partidocracia: Osvaldo Hurtado 66%, León Febres-Cordero 117%, Rodrigo Borja 110%, Sixto Durán-Ballén 85% y Mahuad 97%. Sus voceros, los pocos que quedan, algunos se repiten, siendo sus causantes, quieren venderse ahora como grandes estrategas económicos y hasta se atreven, al igual que su excandidato presidencial perdedor, a recomendar medidas frente a la ‘crisis’, como ellos califican a la coyuntura difícil que el país soporta desde hace unos 3 años, causada por la sensible baja del precio del petróleo, que provocó iliquidez de la economía y déficit presupuestario-fiscal, agravado por los estragos del reciente terremoto.
Es necesario recordar que la deuda contratada con las multilaterales y gobiernos, se ha dado en un marco de manejo soberano de la economía, con visión productiva y de equidad social, con base en las prioridades del país, al margen de las imposiciones del FMI y sin los ‘paquetazos’ de medidas antipopulares, que condujeron a un estado, allí sí, de crisis sostenida, de mayor pobreza y desempleo, de emigraciones masivas, de peligrosa conflictividad social e inestabilidad política. Cada vez que contrataban deuda, tenían que recurrir al visto bueno del FMI, a la presentación de las ‘cartas de intención’, verdaderos planes de gobierno, con los que se asumían políticas y medidas de ajuste, que implicaban devaluaciones extremas (el dólar terminó a un precio de 25.000 sucres), aumento de impuestos, elevación de tarifas y tasas por bienes y servicios públicos, incluidos gas y gasolinas, electricidad, transporte; amén de congelamiento de salarios y cuasi liquidación del gasto social.
El Estado y sus recursos siempre fueron mañosamente administrados por las trincas. Recordemos la malhadada sucretización o estatización de la deuda externa privada, el atraco y luego el salvataje y feriado bancarios; la forma en que asumieron la dolarización, los negociados en los procesos de renegociación, la exportación de capitales a los paraísos fiscales. Esta gente, los culpables, ahora dicen combatir la corrupción. Pura hipocresía, ya que hay, como hemos dicho, que combatirla en firme con la acción coordinada de todos los poderes del Estado y la participación ciudadana. La RC está en una etapa histórica de su continuación. Con los ajustes que exige el momento, sorteando las presiones neoliberales de la derecha, que quiere devolvernos al pasado, imponer su agenda, lo que jamás podrá ocurrir. AP y la RC con su gobierno lo impedirán y así lo han proclamado, al igual que mantener el compromiso de toda la década, de no aprobar paquetazos contra el pueblo.
A la oligarquía y sus cámaras de propietarios les interesa desmantelar el Estado, reducir la inversión pública, minimizar los programas y proyectos sociales; reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo, eliminar aranceles; en una palabra, sus ‘ajustes’ para maximizar ganancias, a título de elevar la capacidad competitiva; por ello, la presión atosigante de sus medios, y la utilización de la vieja dirigencia sindical y la torcida ‘izquierda’ probanca. Increíble.
El Gobierno ha decidido impulsar líneas razonables de manejo tributario presupuestario y fiscal, de créditos y desarrollo de políticas públicas en la línea de aumentar la producción, mejorando la productividad y generando empleo, aprovechando la gigantesca infraestructura económica y social construida. Por todo ello y más hay que defender y desarrollar la RC, organizando democráticamente su base política. (O)
