En el artículo anterior, sobre este tema, afirmamos la necesidad de enfrentar los desequilibrios económicos vía un ajuste, la reactivación y dictar la ley anticorrupción. Además se requiere de la reforma estructural, cambios en la reforma institucional y dinamizar sectores.
Las tres reformas estructurales fundamentales necesarias son el achicamiento del estado, la competitividad y mercado de trabajo. En la primera es claro que el tamaño del Estado ha aumentado en relación con la economía y dado el alto déficit fiscal y escasa liquidez, el recorte puede ser: reducción de la burocracia (ej. eliminar algunos ministerios coordinadores y entidades superfluas, etc.), la privatización (vender empresas públicas deficitarias, ej. Tame; Banco del Pacífico, medios de comunicación, etc.) y disminución de inversión pública. En cuanto a la competitividad de la economía es clave en dolarización. La apreciación del dólar ha afectado a nuestras exportaciones, por lo que se requiere aumentar estas sobre la base de mayor competitividad (incremento de productividad y reducción de costos), transferencias fiscales y acuerdos comerciales. Para lo primero es tarea del sector privado aumentar su productividad con tecnología, capacitación a trabajadores, etc. El Estado ya contribuyó con la competitividad sistémica con obras de infraestructura. Las transferencias monetarias condicionadas podrían otorgarse al cumplimiento de metas de competitividad. Hay que impulsar el acuerdo con la UE y buscar otros. Respecto del mercado de trabajo y empleo podrían ajustarse las formas de contratación según sectores; introducir políticas activas de empleo con programas para un primer trabajo para los jóvenes y egresados, emprendimientos, economía popular y solidaria (EPS), Mipymes, información sobre oferta y demanda de trabajo, entre otros.
En cuanto a la reforma institucional, el Gobierno anterior estableció las nuevas reglas del juego que norman el funcionamiento de los sectores y su relación con el Estado. Para ellos dictó, entre los más importantes, los Códigos de Producción (sector privado), Financiero (banca privada, pública, EPS y otros intermediarios financieros) y Ambiental (normas para controlar las emisiones y problemas ecológicos). También son relevantes la Nueva Ley de Mercados de Valores, la ley de Empresas Públicas y de Minería. Respecto al primer Código, si bien se dinamizó la economía con inversión pública, en la coyuntura actual, ya no es viable, por ende hay que modificar el sistema de incentivos al sector privado condicionados a aumentos de productividad y empleo. La ley de mercado de valores, no ha dado los resultados esperados, habría que reformarla para que fluyan recursos y financiar la inversión que incluya a las empresas públicas para viabilizar emisiones con menos restricciones pero con garantías. La minería sería la fuente alternativa de recursos fiscales al petróleo, por lo que habría que cuidar que no afecte al medio ambiente y aplicar políticas preventivas. Más empleo (rural), dinamizando el sector agropecuario e impulsar más el turismo. (O)
