Casi todos los aspirantes a las altas funciones del Estado en las próximas elecciones abordaron temas relativos a la condición de la mujer. Lo hicieron en forma general.

Ninguno se refirió a la violación intrafamiliar ejercida contra ella, aumentada en los últimos tiempos. El pasado 2 de febrero se dio la noticia del asesinato de una mujer, en Quito, por dos sicarios contratados por su marido. Algo que no sorprende, pues en estos primeros quince días del año se contabilizan 9 mujeres asesinadas a manos de sus cónyuges, convivientes o exparejas. Según datos del Ministerio del interior, 154 fueron asesinadas en 2016.

Vale la pena recordar muy brevemente la condición de la mujer en épocas pasadas. Dadas las circunstancias económicas-sociales existentes, en la comunidad primitiva gozaba de una posición social muy influyente. Ejercía la máxima autoridad, en cuyo alrededor giraba toda la vida económica y social. Tenía la dirección del hogar. La propiedad colectiva se transmitía por su intermedio.

Pero, con el decurrir del tiempo, se producen profundos cambios económicos en la agricultura y  la ganadería, en los oficios manuales, permitiendo que el trabajo del hombre rindiera más de lo necesario para poder sobrevivir, por lo que decidió apropiarse del sobrante  del trabajo que quedaba después de cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Fue entonces cuando creyó conveniente que, en lugar de adoptar o dar muerte a los prisioneros de guerra, como lo venía haciendo, ponerlos a trabajar para otros. Nace así el esclavo y con él la división de la sociedad en dos clases fundamentales. Amos y esclavos. Opresores y oprimidos.

En este nuevo régimen social, el hombre pasa a ocupar el lugar de preeminencia que tenía la mujer en el régimen anterior, instaurando la filiación paterna con la familia monogámica. La cual esclavizó a la mujer, exigiéndole sumisión, fidelidad y castidad. Cualidades respaldadas posteriormente por el cristianismo. Y en nuestra América, por más de 500 años de opresión. Desde pequeña se la prepara para ser objeto sexual, madre y ama de casa. La mentalidad humana no se puede cambiar en poco tiempo.

Si bien en algunos países latinoamericanos el sistema capitalista le ha concedido legalmente todos los derechos, y hasta cedido parte de su poder político, como en el nuestro, en el fondo, el hombre la sigue considerando como un objeto de su propiedad.

De ahí que la equidad de género, lograda jurídicamente en nuestro país, en la vida está muy lejos de ser una realidad. La violencia contra la mujer se manifiesta en diversas formas.

En vista de que no existía una norma legal específica, sancionadora de aquella, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, tomando como antecedentes las distintas formas de violencia y discriminación femenina, presentó el proyecto del Código Orgánico Integral Penal, en el que tipificó el femicidio. Comprendiéndose este como el asesinato de mujeres por razones de género. Aprobado por la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2014. El art. 141 dice: “La persona que como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veinte y dos a veinte y seis años”.  

Es decir, la norma punitiva específica para proteger la vida y la integridad de la mujer ya existe. Pero resulta ineficaz.

¡La lucha continúa! (O)