“No era necesario”, según Kuczynski. Por eso, recién a los 3 meses y 70 muertes, su gobierno decretó el estado de emergencia en ciertas zonas de Perú afectadas desde diciembre de 2016 por las inundaciones generadas por el fenómeno del Niño Costero, y que, para ese entonces, se declaraban ‘abandonadas’, clamando la presencia gubernamental. Un año atrás, Ecuador había vivido una experiencia similar: el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril. Pero ese mismo día, la máxima autoridad decretó el estado de excepción y se movilizó a los devastados territorios de Manabí y Esmeraldas.

La ley extraordinaria frente al desastre y la reconstrucción emitida en Perú se publicó el 29 de abril de 2017, estableciendo que el plan de reconstrucción debería estar listo hacia fines de julio de este año, es decir, luego de 8 meses de iniciado el desastre. En Ecuador, en cambio, el plan de reconstrucción estuvo listo a los 17 días del terremoto; la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad fue publicada a los 34 días; y la evaluación de impacto del fenómeno al mes y 14 días.

Las leyes, por otra parte, evidencian enfoques diametralmente opuestos: mientras la promovida por Kuczynski se orientó a dar poder de decisión y total autonomía a la autoridad de la reconstrucción, cuya dirección entregó a un banquero -el llamado ‘zar de la reconstrucción’-, la promovida por Correa se encaminó a garantizar la acción colectiva para levantar los recursos y reconstruir, reactivar las zonas y proteger a las personas. En el primer caso, el sector privado se constituyó en una poderosa mediación en la reconstrucción; en el segundo, el sector público ha hegemonizado esta, regulando la participación del privado.

De acuerdo a la información de varios medios, hasta este momento el Gobierno peruano ha garantizado el aporte público que cubre aproximadamente el 10% del valor base de la reconstrucción ($ 303 millones) calculada en alrededor de $ 3.000 millones. En contraste, Ecuador aseguró, con la ley, la cobertura del 67% de su  valor vía contribución del sector público, y al año del terremoto -según la información del vicepresidente Glas- ya habría asignado $ 2.400 millones, el 72% del valor base estimado ($ 3.344 millones).

La mayor capacidad de respuesta ecuatoriana frente al desastre podría explicarse por su mayor integración material y simbólica y porque cuenta con un Estado burgués modernizado, tecnificado y con cierta autonomía relativa. Sin embargo, lo más resaltante de esta experiencia es el ethos gubernamental no burgués, solidario y compañero de su pueblo que exhibe Ecuador, basado en la primacía del ser humano sobre el capital, que contrasta con el ethos oligárquico del Gobierno peruano, lejano, extrañado de su pueblo y, sobre todo, mercantilizado, paradigma de la primacía del coloniaje y el capital sobre el ser humano. Es, precisamente, este factor intangible el que a mi juicio marcaría la diferencia sustancial de los gobiernos de Correa y Kuczynski en el manejo de estos desastres. (O)