El texto ‘¿La Revolución ciudadana tiene quien la defienda?’, que circulara en días recientes, de autoría del intelectual de la democracia participativa más cercano a los movimientos sociales latinoamericanos, no ha dejado de causar cierta conmoción en los círculos intelectuales y políticos del Ecuador, no por la crítica en sí misma que ya había sido dada desde académicos criollos, sino por la autoridad de la que procede. El intelectual portugués, desde una posición “solidaria comprometida”, parte por calificar a estos gobiernos como “notables” porque se enfrentan al neoliberalismo y no exigen un sacrificio. Se centra en el Gobierno ecuatoriano calificándolo como el “caso más complejo”.

De entrada manifiesta que este no puede ser considerado un gobierno de derecha, y destaca su afán redistribuidor y la estabilidad política que ha traído al país. Señala que el gobierno de Correa es “el gran modernizador del capitalismo ecuatoriano” por la centralidad que tiene el Estado, por el impulso de la soberanía, por su política social que trata de construir una sociedad “más moderna y equitativa”.

Por ello, dice, no se construye un socialismo del siglo xxi, sino más bien un “capitalismo del siglo XXI”.
No obstante, plantea que la concepción del gobierno es la de una sociedad “subdesarrollada”, inmadura diríamos, la cual no está preparada para “altos niveles de participación democrática y ciudadanía activa”. Todo este programa del Gobierno ecuatoriano, nos dice Boaventura de Sousa, choca con la Constitución de Montecristi. Para el Presidente y su gobierno, “la política tiene que asumir un carácter sacrificial, dejando de lado lo que más valora para que un día pueda rescatarlo”, con esto se refiere al Yasuní. Los pueblos indígenas opuestos a esta explotación son vistos como “obstáculos al desarrollo” y los jóvenes ecologistas como “manipulados o inconsecuentes”. Esto explica que la participación ciudadana sea funcionalizada al Gobierno y sus intereses, y los adversarios políticos sean vistos como enemigos con el riesgo de que se quiera eliminarlos, todo lo cual lleva a una “demonización de la política”. Así la “sociedad civil es buena, siempre que no esté organizada”, entonces se “corre el riesgo de hacer la Revolución Ciudadana sin ciudadanos”.

A pesar de esta implacable aunque lúcida argumentación, el intelectual de forma optimista cree que aún es posible que el Presidente pueda “rescatar la gran oportunidad histórica de llevar a cabo la Revolución Ciudadana que se propuso”, aunque con escaso margen de maniobra, puesto que “los verdaderos enemigos de la Revolución parecen estar cada vez más cerca del Presidente”. Señala tres medidas a ser implementadas de forma inmediata: “democratizar más la democracia”, lo que significa dialogar con los movimientos sociales, entre los cuales se encuentran los “infantiles” Yasunidos; “desmercantilizar la vida social” a través de fortalecer las formas diversas de economías alternativas, puesto que  “la transición al postextractivismo se hace con cierto postextractivismo y no con la intensificación del extractivismo”; y la descolonización de lo público, es decir un Estado que promueva la interculturalidad y que elimine la injusticia originaria que pervive frente a los grupos indígenas. He ahí una ruta de acción que no sabremos si va a tener eco.