Macri asumió como presidente en la incómoda situación de procesado. Lo era por escuchas ilegales realizadas durante su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ya presidente, el peso fue excesivo para el juez y se desprocesó al presidente, pero la causa sigue, con muchos de sus subordinados camino al juicio oral.

La sombra de aquello reaparece ahora. Un titular de diario en Argentina competía, hace una semana, por el premio a lo grotesco, señalando que se acusaría a la expresidenta Fernández de Kirchner por haber llevado causas contra espías. El confuso anuncio aludía a que una escucha telefónica hecha a la esposa del difunto Kirchner en 2016 mostraba que ella habría pretendido ‘armar’ causas contra personeros de los servicios de inteligencia.

Las escuchas se filtraron a la prensa, y nada se advierte en ellas de delictivo por parte de la expresidenta y de Parrilli, el exjefe de la Secretaría de Inteligencia argentina (que son quienes hablan por teléfono entre sí). Sin embargo, un mediático fiscal que, como algunos otros miembros del Poder Judicial argentino, es conocido por su dedicación unilateral y casi exclusiva a la persecución del Gobierno anterior, se lanzó al ridículo de hacer acusación judicial contra la expresidenta.

Se le pasó al ansioso fiscal advertir que las escuchas realizadas a la expresidenta son de dudosa legalidad, además de que no hay delito alguno que perseguir en relación con su contenido. Las escuchas las había ordenado un juez inicialmente, pero se hicieron durante un tiempo mucho mayor que el prudencial; nadie sabe por qué las charlas fueron escuchadas in situ y no grabadas para luego ser escuchadas por personal competente; menos aún se sabe quién filtró a la prensa dichas escuchas, filtración que constituye una anormalidad monumental.

Parrilli acusó ante la prensa a los servicios de inteligencia -que dependen del gobierno macrista- de usar las escuchas para espionaje político sobre la expresidenta, que puede ser candidata en las próximas elecciones legislativas. La Corte Suprema -de la que debieran depender las escuchas judicialmente aprobadas- salió a deslindarse del caso; el mismo fiscal apresurado declara ahora que nunca tuvo las escuchas y que se basó -para su acusación- en “un informe de inteligencia” (¿?): o sea que confía en lo que otros dicen, pero él ni siquiera escuchó.

El jefe de la Inteligencia argentina está en estos días acusado de posible recibo de sobornos de Odebrecht, la empresa brasileña que pobló Latinoamérica de coimas y contratos ilegales. Ahora, también se lo acusa de este caso de muy factible espionaje político. Su currículum nada tiene que ver con cuestiones de inteligencia, pues se dedicaba a negocios con los pases de jugadores de fútbol, una actividad con meandros oscuros y pasamanos internacionales. Su apellido es Arribas y es tan cercano al presidente Macri, que vive en una casa propiedad de este.

Una Argentina con Milagro Sala como presa política, con represión policial creciente de los conflictos sociales, con presidente en medio de los ‘Panama Papers’, tiene ahora también este escándalo por escuchas telefónicas, muy probablemente ilegales. Aparentemente, el espionaje político no terminó en tiempos en que Macri estaba de alcalde de la capital argentina, y suma un elemento más a la lamentable situación institucional del país rioplatense. (O)