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Roberto Follari (*)

Antihumanismo de la derecha

23 de junio de 2017 - 00:00

Se puede ser inmisericorde. Cuando las personas son apenas números dentro del razonamiento economicista, el sufrimiento concreto de las personas es totalmente invisibilizado. En la guerra imperialista, los muertos son ‘daños colaterales’ sin significado específico; en la economía pueden, por ej., ser desempleados considerados ‘mano de obra no calificada’. La pretensión científica de objetividad (que ignora que la ciencia es producto humano/social) es la premisa desde la cual se aplasta a los débiles, se los propone como residuo social, como el punto cero de lo que alcanza relevancia.

Hoy, Ecuador ha elegido como presidente a un hombre inteligente y activo, que padece una parcial discapacidad. En Argentina, quienes viven con una condición similar son denominados ‘personas con capacidades diferentes’, lo cual conlleva cierto eufemismo. Ciertamente, hay en estos casos una situación por la cual alguna función que es común a los demás seres humanos no puede realizarse, o se realiza solo parcialmente. Es, en Argentina, la situación de la actual vicepresidenta, así como la del ministro de Trabajo. Por supuesto, son personas en pleno uso de sus facultades intelectuales, capacitados para la actividad productiva y de gestión.

Por cierto, además, cierto desvalimiento es propio de la condición humana en general: a todos nos desgasta el tiempo, a todos nos cabe enfermar y vamos hacia la muerte, todos padecemos angustias y soledades, todos ‘no podemos’ en determinadas áreas de nuestras vidas. Pero también es cierto que quienes cuentan con alguna discapacidad agregan un padecimiento adicional a esa vulnerabilidad que es propia de la condición humana universal.

Todo esto viene a cuento porque el gobierno macrista se permitió, la semana anterior a esta, quitar decenas de miles de pensiones por discapacidad en Argentina. Con gélida insensibilidad, con desaprensión sorprendente, la ministra de Desarrollo Social procedió a esa quita (sin siquiera aviso previo a los interesados), realizada en la expectativa de que la debilidad organizativa del sector afectado haría pasar la medida sin protestas notorias. La decisión ha sido parte de la búsqueda de disminuir el gasto público, habitual obsesión de los gobiernos neoliberales.

Un funcionario llegó a afirmar que “los down pueden trabajar”, mientras se justificaba la quita de las pensiones por “la lucha contra las mafias” (¿?). La idea es que los discapacitados serían amafiados que se abusan de los recursos del Estado a través de recibir pensiones innecesarias. Insólita acusación; pues si bien en casos excepcionales pudiera ser así, en enorme mayoría se trata de una ayuda social imprescindible, que constituye derecho inalienable de un sector singularmente vulnerable dentro de la sociedad, y del cual esta debe hacerse cargo por principios elementales de solidaridad y de convivencialidad. Pero al neoliberalismo eso poco le importa.

El gobierno macrista debió echar marcha atrás ante la protesta social, pero habrá que ver si efectivamente lo hace a pleno, pues ha mostrado muchas veces que, pasado el clamor, algunas medidas rechazadas se siguen sosteniendo, al menos en parte. En cualquier caso, el grado extremo de insensibilidad mostrado, dice mucho de lo que puede esperarse de las derechas ideológicas. Es por ello que en ejemplos como el ecuatoriano, en que hoy es bienvenida la posibilidad de diálogo político, para quienes han apoyado a Alianza PAIS está claro que diversas cosas pueden ponerse a discusión, mas nunca la solidaridad social: esa bandera de los gobiernos populares es irrenunciable, en tanto carta de identidad de su abecedario ideológico y político, además de valoración ética hacia los seres humanos como lo siempre primero a atender. (O)

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