Siempre nos han dicho que el conflicto es malo y hacer compromisos es bueno; que el conflicto es disociador y llegar a consensos es integrador; que el conflicto es separatista y buscar colaboración es solidario; y hasta los abogados han acuñado una frase: que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Considero que esta es una muy simple forma de ver las cosas, especialmente en nuestro país. No podríamos saber si el conflicto es malo hasta que conozcamos con quién estamos peleando, por qué estamos peleando y cómo estamos peleando. Y cualquier compromiso para evitar una pelea será terriblemente malo, si es que daña a la gente que está en la arena de combate, pero que es gente vulnerable, sin ningún tipo de poder; gente a la cual tenemos la obligación de proteger.

Lo que digo puede despertar la suspicacia e incredulidad de por qué un académico esté argumentando a favor de los beneficios de entrar en conflicto y crear problemas en lugar de construir compromisos. Se supone que esto no es lo que se enseña en administración de empresas. En parte es verdad; yo enseño negociación y mediación. Sin embargo, es necesario pelear y ser muy duro cuando lo hacemos por proveer de cuidados de salud a todos los ecuatorianos; cuando se trata de mejorar la calidad de la educación pública y hacerla universal y gratuita; cuando buscamos cuidar el medio ambiente y cuando defendemos el Buen Vivir. Esto se llama administrar el conflicto, el cual es necesario y está presente en toda organización, incluyendo al Gobierno y al Estado.

Y eso es lo que se ha  hecho durante diez años con Rafael Correa. Se ha confrontado, y muy fuertemente, pues se le quitó la hipocresía que caracterizaba a los gobiernos anteriores y su aversión a involucrarse en conflictos con partidos políticos (peor si eran aliados);  con grupos de interés en donde se ubicaban los ecologistas y las intocables asociaciones indígenas; con sindicatos y sindicalistas como el caso de la UNE; y evidentemente, no se topaba a los poderosos medios de comunicación y a las denominadas cámaras de la producción, que representaban únicamente a los fuertes grupos económicos y que ahora son comités electorales.  

En el mismo Estado ecuatoriano basta observar que la separación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que manda la Constitución, es en sí misma un llamado al conflicto. Un juez no puede ser legislador que dicte las leyes que él mismo aplicará. Y un legislador puede vetar las acciones del Ejecutivo. Y a su vez el Ejecutivo puede disolver al Legislativo. ¿No les parece que es un perfecto caldo de cultivo para ingobernabilidad? Pero esa es la competencia de poderes que constituye la democracia y de alguna manera podría ser un permanente conflicto, en el cual, nosotros, la gente, podríamos salir lastimados. La clave ha sido aplicar una estrategia para resolver los conflictos, no evadirlos. Y a pesar de que los chicos de Harvard nos dicen que debemos ser duros con el problema y suaves con las personas, pues mi experiencia me dice que no siempre esto es posible en nuestro entorno.

Y el problema es más complicado cuando el Gobierno quiere conciliar con el sector privado con el fin de proteger el bien común con base en un gran acuerdo generalizado, que es a lo que se aspira. Pero la forma de promover el bien común no es necesariamente aceptada por el sector privado, especialmente si se refleja en una justa contribución impositiva y en una mejor distribución de la riqueza.

Es entonces cuando el Gobierno debe apretar y aflojar; entrar en conflicto y aun directamente pelear, sea con políticos, y aun con el sector privado, pues el Gobierno es el guardián del bien común. (O)