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El Telégrafo

Propuestas políticamente incorrectas

31 de enero de 2017 - 00:00

Como nunca antes, la crisis es inaguantable, el país se cae a pedazos debido al modelo correísta. Son rumores que identifican y activan las tendencias políticas opositoras al régimen. Un apasionado negativismo deforma su diagnóstico y sustenta los planes de gobierno. Con variedad de matices las propuestas de la oposición dicen lo mismo: eliminación de impuestos, incluida ley de plusvalía, cambio de la Constitución, combate a la corrupción, desconcentración del poder (hiperpresidencialismo), frenar la deuda externa, eliminar el gasto público, etcétera. Son propuestas engañosas, contradictorias y hasta extravagantes.

Detallando unas pocas, vemos que prometen combatir la corrupción, sin embargo, se oponen a la consulta popular de febrero, que prohíbe a futuro ocupar cargos públicos o ser candidatos de elección popular a quienes posean dineros en empresas de papel offshore y en paraísos fiscales.

Garantizan crear un millón de nuevos empleos eliminando los impuestos a inversionistas nacionales y extranjeros. Con ello el Estado dejaría de recibir unos $ 3.000 millones que beneficiarían directamente a los más ricos, que  hoy son los que más pagan impuestos. Además, como conciben al trabajo como mercancía, la explotación laboral se acentuaría. Sin recursos económicos, la educación y la salud serían los sectores más afectados; privatizarlas sería la alternativa.

A fin de eliminar la pobreza y crear más empleo ofrecen crear 10.000 guarderías infantiles. Promesa engañosa, porque desde 2007 funcionan 9.771 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). Aquí los niños son atendidos desde los seis meses hasta los cinco años de edad, con nutrición, salud y educación inicial gratuita. Sería un retroceso por la connotación asistencialista del término ‘guarderías’, ya en desuso. Significaría volver a espacios carentes de infraestructura sin profesionales especializados. Además, se  contradicen porque siempre han pregonado que la generación de empleo le compete a la empresa privada y no al Estado porque aumenta el gasto fiscal.

Prometen luchar a brazo partido contra la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, microtráfico, sin embargo, maldicen el Código Orgánico Integral Penal (COIP), instrumento creado para estos fines. Para ellos, toda empresa estatal está de más y proponen venderlas al sector privado convirtiéndolas en negocios rentables para los ricos. Ofrecen eliminar la Ley de Comunicación para seguir desinformando a su capricho, porque para ellos “no hay mejor ley que la que no existe”. Quieren sepultar la Ley de Educación Superior, la de Seguridad Social, entre otras, para ajustarlas al mercado de la oferta y la demanda, como fue antes.

La histórica oposición a subsidiar a los más pobres se invierte a una generosidad extrema, al punto de que ofrecen regalar energía eléctrica, y al mismo tiempo se oponen a las cocinas de inducción; o dicen también: “En mi gobierno asumiré las pensiones alimenticias de niños y jóvenes que sus padres no las pagan”. Y claro, no faltan propuestas extravagantes, como querer arreglar el país implantando la pena de muerte.    

Por ello, bien haría la oposición en frenar el baratillo de ofertas; reconocer que no han sido diez años perdidos; calmar su agresividad. Entonces, el electorado les reprocharía menos. Este estilo de hacer política carcome, cada vez más, sus propias aspiraciones. Así, se pierde. Ya lo advierten, hasta el momento, todas las encuestadoras. (O)

Rodrigo Proaño C.

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