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El Telégrafo

Cartas al Director

12 de diciembre de 2016 - 00:00

Sr. Orlando Pérez

Director de El Telégrafo:

Es sorprendente cómo el proyecto de ley sobre la ‘plusvalía’ ha levantado una furiosa oposición de quienes se han beneficiado del tráfico de tierras.

Según la edición de hoy de El Telégrafo,‘el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, arremete contra el proyecto de Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras’ (Loevt), diciendo que atenta contra la prosperidad de las familias. Asimismo, Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) y Alberto Andino, vocero del Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE), aseguraron que la propuesta llega en un mal momento para la industria inmobiliaria.

Es curioso ver cómo involucionan las personas. Andino, que en su ‘irresponsable juventud’, fue comunista, ahora hace causa común con los sectores más acaudalados que solo tienen como norte promover que el Estado cree las condiciones más propicias para una acelerada acumulación y concentración de la riqueza. Y para eso se valen de grupos de presión como las cámaras de la producción y los colegios de profesionales.

Según recientes declaraciones del Presidente de la República, por lo menos, cuatro de cada diez familias son arrendatarias. Pero resulta que ellas tienen ingresos muy bajos. Yo adquirí una casa en Cornejo Bajo (La Armenia) en 2010 a $45.000 que por esa época ya era una cantidad considerable y por lo tanto difícil de pagar... a plazos, desde luego.

Hoy en día, en esa área próxima a Quito, menudean las construcciones en terrenos antes agrícolas que pertenecían a campesinos de la zona o a algunos terratenientes. En cambio ahora paulatinamente se va perdiendo el ambiente bucólico para dar paso a la agitada vida urbana. Pero lo notable es que las nuevas viviendas cuestan como poco $130.000, o sea que en poquísimo tiempo han triplicado su valor.

Con esos precios ¿como pueden adquirir una casa la inmensa mayoría de los ecuatorianos? En consecuencia, de no existir una intervención estatal, no se podrá atender un derecho básico. (O)  

Atentamente,
Oswaldo Albornoz
CI 1703495281

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