Dirigentes califican de retroceso el acuerdo 94

Gremios insistirán en derogar norma sobre compensaciones

| 30 de Junio de 2017 - 00:00
El Ministerio de Trabajo emitirá un instructivo para que las entidades públicas sepan cómo aplicar el acuerdo ministerial.
FOTO: Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

Asociaciones de servidores públicos y jubilados apelarán por la derogación del Acuerdo 94 del Ministerio de Trabajo -emitido el pasado 22 de mayo-, que modificó las condiciones para el pago de compensaciones por jubilación de parte del Estado.  

La Red de Maestros y la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador plantearán el tema a las autoridades durante las conversaciones que se mantengan a propósito del saldo pendiente de los incentivos que adeuda el Gobierno.

Según el acuerdo, el Estado no tendrá la obligación de cancelar las compensaciones cuando los servidores públicos con nombramiento, menores de 70 años, renuncien a sus cargos para acogerse a la jubilación voluntaria, sin que su salida cuente con la planificación respectiva y exista disponibilidad presupuestaria.

Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros, manifestó que la aplicación del Acuerdo 94 significa un “retroceso” para los beneficios de los jubilados.

“Creemos que es justo que a partir de los 60 años (servidores públicos) puedan acogerse a la jubilación en las mismas condiciones en que ya lo hicieron otros compañeros”, expresó Miño.

Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora, comentó que el acuerdo es inconstitucional porque, a su criterio, “lesiona” los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Junto con otras agremiaciones presentarán una propuesta.

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se refirió al tema el miércoles durante el anuncio del pago parcial de $ 150 millones por incentivos a jubilados mayores de 70 años y con discapacidad.

Ahí aclaró que el acuerdo establece que todo proceso de jubilación voluntaria debe tener una planificación previa por parte de la institución y la certificación de la disponibilidad presupuestaria.

La cartera de Estado emitirá un instructivo de aplicación de la norma en todas las instituciones públicas, “para que tengan claramente una ruta por seguir y no haya confusiones”, precisó Ledesma. (I)