La Procuraduría General del Estado (PGE) analiza los mecanismos legales que empleará para solicitar la nulidad del fallo emitido por el Tribunal Arbitral a favor de la compañía Burlington Resources Inc.

La petrolera estadounidense demandó al Estado ecuatoriano el 21 de abril de 2008 argumentando ilegalidad en la expropiación de los bloques 7 y 21 (operados junto con la empresa francesa Perenco).

El hecho surgió a propósito de la aplicación de la Ley 42, que fijó una distribución equitativa de los ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del crudo.

A diferencia de otras compañías que aceptaron cancelar los valores acumulados por la Ley 42, Burlington se negó a hacerlo, lo cual, según la PGP, derivó en una serie de acciones que la condujeron al abandono de la operación de los bloques.

Debido a ello, en julio de 2010, el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, declaró  la caducidad de los contratos de participación que mantenía el Estado con Perenco y Burlington.

La última participaba como socio del 43% de los bloques.

El proceso de caducidad inició en septiembre de 2009 por petición de Petroecuador, que declaró el abandono de los campos. Petroamazonas asumió el manejo de los bloques.

El experto petrolero Fernando Reyes coincide en que el litigio se pudo evitar si la firma cumplía con los pagos por los ingresos extras e incluso, manifestó, sus operaciones en el país hubieran continuado hasta la actualidad, como ocurre con otras firmas extranjeras.

Burlington basa sus acusaciones en supuestos incumplimientos por parte de Ecuador al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con Estados Unidos. En principio solicitó una compensación por $ 1.515 millones, pero el Tribunal la redujo a $ 379 millones. Es la misma estrategia que empleó la petrolera Oxy, por la que el Estado pagó el año pasado $ 980 millones en indemnizaciones.

Contrario a Reyes, el analista en hidrocarburos, Luis Calero, considera que el problema se originó por un fracaso en la renegociación de los contratos en los bloques 7 y 21. A su criterio, en la caducidad de los contratos no se respetaron normas jurídicas.

Ambos expertos ven pocas esperanzas en que la Procuraduría alcance su objetivo de anular la última decisión del Tribunal. (I)