Jueves, 07 Septiembre 2017 00:00 Mundo

El proceso está convocado para el próximo 1 de octubre

La ley del referéndum soberanista divide a Cataluña

El portavoz del PP, Xavier García Albiol, protesta durante una sesión en el Parlamento catalán de Barcelona.
El portavoz del PP, Xavier García Albiol, protesta durante una sesión en el Parlamento catalán de Barcelona. Foto: AFP

El Gobierno español pide al Tribunal Constitucional que inicie acciones penales contra el Parlamento de la comunidad autónoma y su presidenta por tramitar la norma.

Gorka Castillo. Corresponsal en Madrid

Pocas veces se habrá visto una sesión parlamentaria tan tormentosa como la que ayer celebró la cámara legislativa de Cataluña para tramitar la ley del referéndum independentista, convocado para el próximo 1 de octubre.

Con una tensión emocional y política de enorme envergadura, la mayoría nacionalista que conforman la coalición gobernante Junts pel Sí y CUP aplicó su rodillo ante el grupo de formaciones opositoras que mostraron de la forma más airada posible el desacuerdo que mantienen sobre el proceso de ruptura iniciado con España. Otra cosa diferente es que, al final, los nacionalistas logren su objetivo.

A la falta de reconocimiento del Gobierno español y la impugnación del Tribunal Constitucional (TC), se unió ayer la protesta de PSC, PP, Ciutadans y Catalunya si que es Pot, la firma catalana de Podemos, por la opacidad con la que maniobró la mesa del Parlamento para tramitar la ley prescindiendo del dictamen jurídico del Consejo de Garantías estatutarias (CGE).

“Se acerca más a una dictadura que a una democracia. Ha sido bochornoso. No he pasado tanta vergüenza en mi vida política”, señaló la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, poco después de que procediera a uno de los 7 recesos que se produjeron durante una sesión bronca y que por momentos parecía interminable.

De hecho, la estrategia indisimulada de la oposición al referéndum fue ganar tiempo con enredos jurídicos cada vez más inextricables para bloquear la aprobación de una ley que es interpretada por el gobierno español como una declaración de guerra con imprevisibles consecuencias para sus promotores.

El presidente Rajoy no tardó ni 5 minutos en ordenar a la Fiscalía del Estado que exija al Constitucional la puesta en marcha de todas las medidas legales a su alcance para impedir que la ley del referéndum independentista salga adelante.

Además, reclamó al Alto Tribunal que tome declaración a la mesa del Parlamento catalán, y en particular a su presidenta Carme Forcadell, para exigir responsabilidades penales por mantener vivo “este proceso ilegal”. Sin embargo, cualquier decisión no podrá ser analizada hasta el día de hoy cuando el TC celebre la sesión que tenía fijada para estudiar este delicado asunto.

Durante los pocos instantes en los que pudo realizarse el debate, el president de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó al Estado de practicar una “amenazocracia” sobre los promotores de la independencia y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de insultar a los catalanes.

La máxima figura institucional catalana no solo pidió que se tramite por vía de urgencia la controvertida ley sino que aseguró que el origen del proceso soberanista se sitúa en un “golpe de Estado” perpetrado por el Tribunal Constitucional cuando decidió suprimir 14 artículos clave del Estatut de autonomía aprobado por amplia mayoría en 2006.

El término “golpe” también fue esgrimido por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pero en sentido contrario: “Intentaremos frenar este golpe del gobierno catalán contra la democracia y la convivencia”.

Sin embargo, aunque la legitimidad y legalidad del referéndum independentista ha hecho correr ríos de tinta en España desde 2012, la realidad es que existe una amplia mayoría en Cataluña que desea la celebración de la consulta.

Y entre quienes lo reclaman no son pocos los que declaran su oposición a separarse de España. La colisión ya se ha producido. Lo que nadie aventura es cómo acabará un enredo repleto de amenazas cruzadas y que está poniendo a prueba la calidad de la democracia española. (I)

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Puigdemont, un independentista catalán nato

La misión le llegó casi por accidente, pero no le falta empeño en cumplirla. Ajeno a las advertencias de Madrid, Carles Puigdemont (centro), prevé convocar un referéndum con la esperanza de cumplir su sueño de infancia: una Cataluña independiente.

“Estamos a 25 días (del referéndum) y a 25 días no vamos a frenar”, advertía el presidente regional catalán ante las posibles represalias de la justicia y el gobierno español de Mariano Rajoy, contrarios a esta votación convocada para el 1 de octubre.

El destino de este periodista de 54 años, aficionado a la guitarra -incluso se lo ha visto acompañando a sus amigos cantando ‘Let it be’-, hijo de una humilde familia rural de pasteleros, cambió una mañana de enero de 2016 cuando fue llamado a última hora para liderar una insólita coalición de partidos separatistas y llevar esta rica región mediterránea de 7,5 millones de habitantes “a las puertas de la independencia”.

Casi desconocido hace dos años, su rostro con una rebelde melena al estilo de los Beatles y una cicatriz en el labio superior de un antiguo accidente de coche encarna ahora al principal enemigo del gobierno de Rajoy.

El sentimiento independentista lo lleva dentro desde su infancia, a medio camino entre su pueblo natal Amer, de 2.200 habitantes, y la pequeña ciudad de Gerona, feudo del nacionalismo catalán de la que fue alcalde entre 2011 y 2016.

Nunca lo escondió, ni siquiera cuando era muy minoritario en su partido, la conservadora Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), formación en la cual ingresó en 1980 cuando practicaba una política de pactos con Madrid para conseguir mayor autonomía regional. (I)

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