Domingo, 12 Febrero 2017 00:00 Mundo

La caída del Bronx, el reducto del crimen

La caída del Bronx, el reducto del crimen
Foto: cortesía de la Fiscalía General de Colombia
Rafael Croda

Todo comenzó por un agravio que el Estado colombiano no podía permitir.

Ya se sabía que el ‘Bronx’, un sector de solo 4 cuadras en pleno centro de Bogotá, era un territorio criminal en el que organizaciones delictivas conocidas como ‘ganchos’ lucraban con toda impunidad de 2.500 indigentes adictos a las drogas hacinados en esa cloaca.

Los ganchos Mosco, Manguera, Nacional, América y Morado asesinaban, prostituían a menores de edad, tenían cuartos de tortura y vendían basuco, heroína, mariguana y crack (o piedra) a esa clientela harapienta y famélica que vivía entre ratas, excrementos y basura.

Todo eso ocurría allí, en el ‘Bronx’, en sus 4 calles (entre las 9 y 10 y las carreras 15 y 15 A en el sector Los Mártires), a 900 metros de la Presidencia de Colombia, a 7 cuadras de la Alcaldía de Bogotá y a espaldas de un cuartel militar. Y todo eso se toleraba, hasta el día en que 2 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados y torturados por el gancho Mosco, el más poderoso de esa ‘olla’ (lugar donde se venden y consumen drogas).

Ese agravio, ocurrido el 26 de mayo de 2015, lo precipitó todo. Desde ese día, Julián Quintana, director del CTI hasta agosto pasado, se propuso, como una cuestión de honor, tomar el ‘Bronx’.

Quintana dice que no podía permitir que una organización mafiosa de la calaña de Mosco —que abastecía de basuco, mariguana, cocaína, crack, heroína y drogas químicas a otras ‘ollas’ de Bogotá y de las principales ciudades de Colombia— sometiera a ese trato degradante a 2 de sus agentes.

Los agentes del CTI, una mujer y un hombre que investigaban vestidos de civiles la desaparición de un menor en las inmediaciones del ‘Bronx’, fueron secuestrados al ser descubiertos por sayayines del gancho Mosco.

‘Sayayines’ es como se les llama a los pistoleros de los ganchos. El nombre fue tomado de los guerreros intergalácticos que aparecen en la serie animada japonesa Dragon Ball.

A las 8:40 del 26 de mayo de 2015, los sayayines ingresaron a la pareja de policías judiciales a un viejo edificio de 4 pisos del ‘Bronx’ conocido como Amarillo por el color de su fachada.

Unos 20 pistoleros se plantaron frente a los agentes, tras amarrarlos con cables a 2 sillas. Algunos cargaban al hombro fusiles AK-47 y metralletas mini-Uzi.

“Entonces les dicen que los van a matar, que qué hacían allí, que cuál era la misión que les había encomendado la Fiscalía. Ellos dijeron que buscaban a un desaparecido, pero no les creyeron y les insisten: ‘si no hablan, los vamos a matar’. Sacaron revólveres, machetes y cuchillos gigantes, y hacían como que iban a disparar o a picarlos”, cuenta Julián Quintana.

Luego les pusieron las manos en el piso y con un machete amagaban con cortarles los dedos.

Jugando al ahorcado

“Si usted no habla, le vamos a quitar dedo por dedo”, le dijo a la agente un sayayín que usaba una máscara de payaso y que después sería identificado por un informante del CTI como Ronald Andrés Steven Pacanchipe, alias ‘Payaso Rojo’.

Como los agentes secuestrados en el ‘Bronx’ insistían en su versión, los pistoleros del gancho Mosco les amarraron en el cuello sogas que colgaban de unas poleas fijadas en el techo. “Eso era un centro de tortura en el tercer piso del edificio Amarillo”, señala Quintana.

Los denominados sayayines comenzaron a jalar las sogas para ahorcar a los agentes. Cuando sentían que estaban cerca de la asfixia, los soltaban.

“¿Qué tienen que hablar, qué tienen que hablar? Háganlo, o aquí se mueren”, insistían ‘Payaso Rojo’ y otro pistolero llamado el ‘Teo’, quien tenía el rostro cubierto con un pasamontañas.

“Como no hablaron, los bajaron y comenzaron a jugar con ellos con un revólver a la ruleta rusa. Tomaban una bala, la ponían en el cilindro, lo giraban, les ponían el revolver en la cabeza y disparaban. Estuvieron cerca de morir”, asegura Quintana, un experimentado exfiscal, exagente del CTI y abogado penalista.

Cuando iban a violar a la agente, tras 8 horas de torturas físicas y psicológicas, un sayayín avezado en informática recuperó del teléfono celular del policía judicial un mensaje que había sido borrado y el cual sugería que instantes antes del secuestro había dado aviso a su central que un grupo de pistoleros se acercaba a él.

“Por eso no los mataron, porque creyeron que nosotros ya estábamos buscando a nuestros agentes en la zona y que íbamos a asaltar el ‘Bronx’ para rescatarlos”, explica Quintana.

A las 5:00 de la tarde de ese día, los agentes fueron liberados. Antes, los sicarios del gancho Mosco les quitaron sus documentos personales, les pidieron las direcciones de sus viviendas, los nombres de sus hijos, de sus cónyuges y de sus familiares más cercanos.

“Si hablan, los vamos a matar a ustedes, a sus hijos y hasta a sus abuelitas”, advirtió ‘Payaso Rojo’ a los policías del CTI antes de liberarlos.

Esa misma noche del 26 de mayo de 2015, en su despacho de la Fiscalía, Julián Quintana escuchó el relato de sus agentes, quienes le contaron de manera pormenorizada la sesión de tortura a la que habían sido sometidos en un edificio del ‘Bronx’ durante buena parte del día.

“Mi indignación fue total. Era un caso de honor para el CTI, la Fiscalía y el Estado colombiano. El mensaje que nos estaban mandando los delincuentes del ‘Bronx’ es que podían hacer lo que quisieran y no pasaba nada. Eso era inaceptable”, recuerda Quintana.

Tras sacar de Bogotá a los agentes recién liberados y a varios de sus familiares mediante el programa de máxima protección que tiene la Fiscalía, Quintana le pidió al fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, luz verde para actuar.

Con su aval, puso en marcha una gran operación investigativa y de inteligencia que le permitió tener listas en pocos días varias órdenes de aprehensión contra pistoleros del ‘Bronx’ por los delitos de secuestro agravado, tortura y amenazas.

Pero para el Cuerpo Técnico de Investigación, que es un organismo de investigación judicial y no un cuerpo de choque, era imposible ingresar al ‘Bronx’ —la ‘olla’ más grande de Colombia y reducto de organizaciones criminales con alto poder de fuego— sin el respaldo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército, y sin la coordinación absoluta con estas 2 instituciones.

Buscando apoyo

En agosto de 2015, Quintana pidió una cita con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para presentarle los resultados de la más completa investigación que se había hecho sobre el ‘Bronx’, en cuyas 4 cuadras, además del narcotráfico, confluían fenómenos criminales, como la esclavitud sexual infantil, las torturas, los secuestros y el control territorial absoluto por parte de bandas con pistoleros formados por grupos paramilitares.

Quintana fue recibido por la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, quien le dijo que Bogotá no tenía capacidad para embarcarse en una operación de las dimensiones que proponía el director del CTI.

El plan, dice Quintana, era ocupar el ‘Bronx’, capturar a los jefes y los sayayines de los ganchos, desmantelar a esas organizaciones delictivas, intervenir sus finanzas, rescatar a los 2.500 drogadictos que viven allí, confiscar los edificios del sector y recuperar urbanísticamente esa zona.

El director del CTI ya tenía listo el expediente judicial para proceder con las capturas y con la incautación de los inmuebles, pero Zamora insistió en que la Alcaldía de Bogotá carecía de infraestructura para dar albergue, alimentación y tratamiento a los 2.500 indigentes adictos a las drogas que habitaban el sector.

La realidad es que la Alcaldía de Gustavo Petro no tenía incentivos políticos para realizar una intervención en ese sitio bautizado como ‘Bronx’ por alguien que le encontró similitudes criminales con el distrito neoyorquino del mismo nombre.

Ya en 2013, Petro había ordenado a la Policía Metropolitana ocupar el ‘Bronx’ bogotano y hasta fue capturado Óscar Alcántara González, ‘Mosquito’, fundador y líder del gancho Mosco. Pero en cuestión de meses, el sector volvió a ser una cloaca criminal.

Además, Petro, un controvertido político de izquierda que tiene aspiraciones presidenciales y que sostuvo fuertes polémicas con las élites bogotanas, estaba en agosto de 2015 a solo 4 meses de concluir su mandato como alcalde y no parecía muy redituable que en esas circunstancias intentara una nueva ocupación de la ‘olla’ más grande del país.

Sobre todo, porque sus críticos tendrían la mesa puesta para calificar como un fracaso la intervención de 2 años antes.

El 1 de enero de 2016 tomó posesión como nuevo alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien nombró como secretario de Seguridad al economista Daniel Mejía, uno de los más reconocidos expertos colombianos en crimen organizado y políticas sobre drogas.

Mejía recibió a Julián Quintana en su oficina de la Alcaldía de Bogotá durante la segunda quincena de enero. El director del CTI le presentó los resultados de su investigación, le dijo que no era posible tolerar la existencia, en pleno centro de Bogotá, de un sitio dominado por el crimen organizado y le propuso actuar ya.

—“Tenemos todo listo, pero no lo podemos hacer solos. ¿Está dispuesto a medírsele a esto?”, —preguntó Quintana.
—“Sí —respondió Mejía—, pero esta tiene que ser la intervención definitiva. No solo queremos capturar a las personas que secuestraron a los agentes e irnos. Tenemos que retomar completamente el ‘Bronx’”.

Plan de ataque

A las 5:35 de la mañana del 28 de mayo de 2016, varios camiones de carga, como los que transitan por la zona a esa hora para abastecer a los comercios, se estacionaron en las 3 bocacalles de ingreso al ‘Bronx’.

En solo minutos, 2.920 efectivos —350 del CTI, 2.250 policías y 320 militares— acordonaron la zona y se desplegaron por las 4 cuadras del ‘Bronx’, entre los indigentes que dormían o consumían basuco, tomaron el control y los grupos de comandos comenzaron a asaltar los centros operativos de los ganchos.

Encontraron niños y niñas sometidos a la explotación sexual, centros de tortura, decenas de cuartuchos que los ganchos alquilaban a los adictos y habitaciones con paredes metálicas en las que almacenaban drogas, armas y dinero.

La Policía y el CTI habían infiltrado agentes que se hicieron pasar por indigentes y drogadictos que, además de recopilar información sobre las operaciones y los cabecillas de los ganchos, sembraron todo el ‘Bronx’ con cámaras y micrófonos diminutos que permitían a las autoridades monitorizar en tiempo real algunos de los movimientos de las bandas.

“Logramos identificar quiénes eran los ‘campaneros’ y los sayayines de los ganchos, así como sus ‘taquillas’ (expendios de drogas), sus manejos financieros, cómo movían la droga, de dónde la traían, cómo la vendían”, dice Quintana.

En los 40 inmuebles allanados, las fuerzas de choque rescataron a 163 niñas y niños de entre 9 y 17 años que los ganchos sometían a la explotación sexual. Los reclutaban en escuelas del sur de Bogotá y en las mismas discotecas del ‘Bronx’, principalmente en Millonarios.

Según la investigación del CTI, esa ‘olla’ llegó a mover unos 300 millones de pesos colombianos al día, alrededor de $ 100.000. Eso significa que, cada mes, los ganchos tenían rentas criminales por $ 3 millones. Aproximadamente unos $ 30 millones cada año.

El catálogo de productos y servicios criminales incluía elaboración de licor adulterado, compraventa de celulares y autopartes robados y máquinas tragamonedas en las que los indigentes adictos a las drogas gastaban las monedas que obtenían cada día del reciclaje de basura, de la mendicidad, el hurto en las calles y la prostitución.

En la toma del ‘Bronx’, los policías capturaron a 16 cabecillas de los ganchos, entre ellos a ‘Payaso Rojo’, que participó en mayo de 2015 en la tortura de los 2 agentes del CTI, y a Teódulo Arango Montoya, jefe de finanzas de la banda Mosco.

Además, confiscaron 31 armas, 100.000 dosis de diferentes drogas, 970 máquinas tragamonedas, 297 kilos de monedas y 40 millones de pesos en billetes de baja denominación (apenas $ 13.500).

De acuerdo con Daniel Mejía, el secretario de Seguridad de Bogotá, a pesar de la rapidez del operativo, los ganchos alcanzaron a sacar grandes cantidades de dinero y de fusiles de asalto por un túnel que los servicios de inteligencia de la Policía y el CTI no lograron detectar.

Perros para torturas

La verdad es que ni Daniel Mejía ni Julián Quintana llegaron a imaginar el calibre de los hallazgos que ese día hizo en el ‘Bronx’ la fuerza pública.

Los ganchos tenían cuartos de ‘pique’ y de tortura con manchones de sangre coagulada en el piso. Había toneles con ácido que eran usados para desintegrar cadáveres y alambiques para destilar licores, además de cuartos con rejas en los que encerraban a secuestrados y drogadictos que causaban desórdenes.

Uno de los descubrimientos que más sorprendió a Quintana fue un foso construido en el cuarto piso del búnker del gancho Mosco, en el cual había más de 10 perros pitbull, dóberman y rottweiler, a los que mantenían sin comer por varios días.

“Eso lo hacían —dice Quintana— con el propósito de usarlos para torturar y, seguramente, matar a sus enemigos o a habitantes del ‘Bronx’ que no cumplían sus reglas […], prácticamente se comían vivas a sus víctimas”.

A Daniel Mejía le impactó, sobre todo, la cantidad de niños que encontró drogados en las mazmorras de las mafias.

“No tenían más de 12, 13, 14 años… muchos estaban idos”, asegura el doctor en economía por la universidad estadounidense de Brown.

También le causaron desconcierto los altares de cultos satánicos hallados en los edificios de los ganchos, las velas negras, los rostros de Lucifer pintados en las paredes, las imágenes de la Santa Muerte.

El ‘Bronx’, como cuartel general del crimen organizado de Bogotá, ya es historia.

Tras la ocupación del 28 de mayo, todos sus inmuebles y sus calles fueron desalojados; asimismo, las edificaciones de los ganchos están en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía o fueron declaradas en riesgo de colapso y la Alcaldía las va a expropiar.

El edificio Amarillo, en el que sayayines del gancho Mosco torturaron a los 2 agentes del CTI y donde estaba el foso con los perros, fue demolido.

La mayoría de los 2.500 habitantes del ‘Bronx’ se dispersó por la ciudad en busca de la ‘bicha’, como se llama en la calle a la dosis personal de basuco.

Algunos aceptaron ingresar a los centros de acogida para habitantes de calle de la Alcaldía. Unos cuantos están en programas de rehabilitación y tienen el propósito de recuperar sus vidas.

Hoy, los escombros del ‘Bronx’ están resguardados por policías. Uno de los agentes que vigila una de las entradas indica que prefiere no moverse de ahí. Nunca ha recorrido las calles de esa cloaca ni mucho menos ha entrado a los edificios en ruinas.

“Siento muchas malas vibras, algo que espanta”, asegura el agente. (I)

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