Lunes, 25 Septiembre 2017 16:15 Mundo

Fianza de 5,2 millones a los organizadores de la consulta de 2014 en Cataluña

Unos 2,3 millones de los 7,5 millones de catalanes participaron en la consulta de 2014, sin consecuencias legales y prohibida por la justicia española.
Unos 2,3 millones de los 7,5 millones de catalanes participaron en la consulta de 2014, sin consecuencias legales y prohibida por la justicia española. Foto: AFP
Agencia AFP

El Tribunal de Cuentas español impuso este lunes una fianza solidaria de más de 5,2 millones de euros a los organizadores en 2014 de una consulta prohibida sobre la independencia de Cataluña, entre ellos al expresidente regional Artur Mas.

El tribunal, que abrió en julio un procedimiento para determinar si los organizadores de la consulta del 9 de noviembre de 2014 debía devolver el dinero público gastado en ella, les dio un "plazo de 15 días" para depositar la suma de 5.250.000 euros, informó en un comunicado.

Si no depositan esta suma, la instructora del caso "podrá iniciar el procedimiento de embargo" de bienes, advirtió el tribunal, cuya decisión se produce unos días antes del referéndum -también prohibido por la justicia- convocado para el domingo por Carles Puigdemont, sucesor de Mas en la presidencia catalana desde enero de 2016.

El cálculo de la cantidad está basado en los gastos realizados por el Gobierno catalán para la consulta. La fianza pretende garantizar el pago de ese dinero en caso de que les condenen definitivamente a abonarlo.

El monto de la fianza puede recurrirse en un plazo de cinco días, pero su depósito es obligatorio en cualquier caso, aunque luego se revise a la baja.

Más de la mitad, casi 2,8 millones de euros, corresponde a la adquisición por el Gobierno catalán de "ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación", según el tribunal.

Unos 2,3 millones de los 7,5 millones de catalanes participaron en la consulta de 2014, sin consecuencias legales y prohibida por la justicia española.

Mas ya fue objeto de proceso judicial por ella, así como sus entonces vicepresidenta, Joana Ortega; consejera de Educación, Irene Rigau; y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs.

En marzo de 2017, fueron condenados a penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos electivos, principalmente por "desobediencia".

En mayo de 2017, la fiscalía también solicitó su condena a devolver la suma gastada para organizar la votación, calculada en 5,12 millones de euros, una demanda que la justicia examinará próximamente. (I)

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