Viernes, 22 Septiembre 2017 00:00 Mundo

El gobierno busca acelerar los procesos judiciales

Chile debate levantamiento de la reserva de casos de tortura

Familiares de los desaparecidos durante la dictadura reclaman verdad y justicia durante una manifestación, en Santiago de Chile.
Familiares de los desaparecidos durante la dictadura reclaman verdad y justicia durante una manifestación, en Santiago de Chile. Foto: UChile

La Comisión Valech documentó 28.459 sucesos de represión durante la dictadura y estableció un sigilo de 50 años.

Alejandro Tapia, corresponsal en Santiago

Fue uno de los procesos más dolorosos posdictadura de Pinochet y eso que tuvo lugar 14 años después de la recuperación de la democracia en 1990. En 2004, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se creó la llamada Comisión Valech para calificar a las víctimas que sufrieron prisión política y tortura durante el régimen militar (1973-1990). Entonces fueron a declarar 35.000 personas y finalmente se documentaron 28.459 casos. En ese momento se estableció que los antecedentes recopilados quedarían bajo reserva durante 50 años. Pero esta realidad podría cambiar.

En el marco de la 44 conmemoración del golpe del 11 de septiembre de 1973, la presidenta Michelle Bachelet sorprendió al anunciar una moción para levantar el secreto sobre los testimonios que recogió el informe Valech, que lleva ese nombre por el obispo Sergio Valech, fallecido en 2010 y que estuvo a la cabeza de la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992), que prestó asistencia a las víctimas de la dictadura.

En el contexto del discurso en memoria del presidente Salvador Allende, Bachelet señaló que pondría en “discusión inmediata” un proyecto para levantar el secreto del informe Valech. Esto, anunció, para “avanzar en procesos que pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación”. En otras palabras, para acelerar los procesos judiciales en marcha.

Tres días después, y cuando la polémica se instaló en un país que aún no logra superar los fantasmas de la era de Pinochet, la mandataria socialista aclaró que la ‘Comisión Valech no fue un pacto de silencio’. En su cuenta de Twitter dijo: “Los antecedentes que recabó, con la debida protección y consentimiento de las víctimas, pueden ayudar a tribunales a avanzar en justicia”.

A juicio del propio Lagos, la Comisión Valech -liderada por María Luisa Sepúlveda, quien estuvo al frente de la Vicaría de la Solidaridad- no fue una imposición de silencio, como sostienen varios sectores. “No he sido parte de ningún pacto de silencio. Lo que hice fue para que las nuevas generaciones supieran la brutalidad que vivimos”. Pero no todos piensan así. El diputado comunista, Hugo Gutiérrez sostuvo que la comisión les dio impunidad a los autores de torturas durante el régimen militar.

Tan controvertido es este tema, que después de que una comisión del Senado despachó la iniciativa, el gobierno decidió rebajar la urgencia del trámite. Sin embargo, la discusión ya se instaló. Eso sí, la idea de Bachelet tiene relación solo con la Comisión Valech I.

De la reserva a la divulgación

En 2011 se estableció la llamada Comisión Valech II, en la que el Estado de Chile reconoció oficialmente un total de 40.018 víctimas, con 3.065 muertos durante la dictadura.

El levantamiento del secreto ha sido una de las demandas históricas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero hay quienes plantean que a las personas que dieron sus testimonios, la enorme mayoría desgarradores, se les garantizó que mantendrían sus nombres en absoluta reserva hasta el año 2054.

Por eso, la discusión llegó ahora hasta la Controlaría de la República, que señaló que el eventual levantamiento del secreto requiere una discusión del Congreso.

Lo que aún no está del todo claro es que, en caso de que se apruebe, los tribunales deberán contar con el consentimiento de las víctimas para proceder en los casos judiciales que se encuentran abiertos.

De todos modos, la idea del gobierno es que los tribunales resguarden el nombre de las víctimas. De hecho, la Corte Suprema sería la que establecerá cómo se garantizará la reserva de identidad. (I)

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