Sí a la consulta democrática para avanzar

| 13 de Septiembre de 2017 - 00:00

Hay un debate en marcha sobre temas no concretos, pero vinculados a la organización democrática del Estado y la participación popular en la supervisión sobre la gestión pública y en asuntos inherentes al uso de los recursos y a los intereses de la nación.

Sectores de la derecha alientan una consulta para sacar ventajas del conflicto político existente en Alianza PAIS y utilizan sus medios para ahondar las diferencias de sus principales dirigentes.

No les interesa la democracia y libertades, estimulan las divergencias a título de apoyar al gobierno de AP que preside Lenín Moreno frente a las posiciones del expresidente Rafael Correa y en torno a determinadas políticas, cifras macroeconómicas y criterios frente a resultados de la gestión de la década ganada. Aspiran a liquidar lo que ellos llaman el correísmo. En el fondo buscan desaparecer la RC o al menos impedir que se consolide y desarrolle. El pretexto es la ineficiente gestión de la Función de Transparencia y Control Social, cuya naturaleza correctamente reconoce que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público y su derecho pleno a la participación.

Hay que destacar, eso sí, que esta importante función estatal, una verdadera conquista democrática, no ha sido debidamente instrumentada para una eficiente gestión y adecuada integración; que, por tanto, ha impedido promover e impulsar correctamente el control de las diversas entidades y organismos del sector público, de las personas naturales o jurídicas del sector privado, que prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, para que, como dispone el art. 204 de la Constitución, lo hagan con responsabilidad, transparencia y equidad, fomentando e incentivando la participación ciudadana, protegiendo derechos, previniendo y combatiendo la corrupción.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha sido integrado ni ha operado con eficiencia. Las veedurías públicas, la organización popular, la participación ciudadana organizada y los quehaceres de ciertos organismos de control no han sido eficientes.

Sobran ejemplos de insuficiencias y deficiencias. La selección y gestión del excontralor es un caso. Los mecanismos que utilizan para la rendición de cuentas de funcionarios de las entidades del sector público es otro ejemplo; más es el show que la entrega de resultados que muestren el cumplimiento responsable de la gestión a los ciudadanos. En muchos casos es momento de figureteo y hasta derroche de recursos. Se deben revisar mecanismos idóneos, más allá de consultas y constituyentes, para corregir y direccionar la función conceptualmente válida hacia la eficiencia, para ejercer verdaderos controles y permanentemente como organizada participación ciudadana, en el control de la gestión pública, cumplimiento de roles y tareas, así como el estricto como honesto uso de los recursos del Estado, todos estos asuntos, históricamente, fueron muy mal tratados por los gobiernos de la partidocracia; lamentablemente la RC no lo manejó con la eficiencia requerida, por lo que, por razones politiqueras, sectores de oposición o grupos que le hacen el coro, buscan sacarle provecho.

Bien expresó el Presidente de la República en su último informe al país, que, de haber consulta, será para mejorar el sistema político y fortalecer la democracia, pasando en el bien común, así como para la defensa de derechos y mejorar la justicia y las políticas de equidad. En todo caso, la institución de la consulta se la debe apoyar con preguntas adecuadas y en la medida que responda a un proceso para avanzar con la agenda de transformaciones; sin tregua frente a la corrupción y al neoliberalismo.

En consecuencia, decimos Sí a la consulta democrática para el progreso, jamás para retroceder, y menos para restringir o violentar derechos y apuntalar privilegios, como sectores retardatarios pretenden. (O)