Próxima estación: México 2018

- 18 de junio de 2017 - 00:00

Las elecciones celebradas el pasado domingo 4 de junio en los Estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz volvieron a poner en el centro de mira el debate en torno a las prácticas fraudulentas de obtención del voto, una cuestión recurrente en la frágil institucionalidad democrática mexicana. Con ese telón de fondo inescindible de la lectura de los comicios, el PRI triunfa      —aunque de manera preliminar— en Coahuila y consigue retener el crucial Estado de México.

La alianza PAN-PRD se impuso en Nayarit y tuvo un muy buen desempeño electoral en Veracruz –donde se elegían autoridades municipales– prefigurando una cada vez más probable alianza nacional entre estas dos fuerzas rumbo a 2018. Morena quedó a las puertas de hacerse con el Estado de México, bastión histórico del PRI además del Estado más importante del país, y mostró un buen desempeño en Veracruz, ganando distritos clave como Xalapa.

En el punto referido a la reforma rural integral-RRI se expidieron importantes decretos (No. 882, 884, 890, 893, 902, mayo 29 de 2017), que abren el camino para desarrollar la reforma rural, como el de servicio educativo estatal rural, que permite contratar más docentes,  los fondos de hectáreas de tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, encargados del fomento financiero y técnico agropecuario, y otras necesidades de infraestructura rural como la electricidad.

En el punto de participación, mediante el decreto 895 se crea el “sistema de seguridad para el ejercicio de la política”, que incluye medidas de seguridad para las personas que integren el nuevo partido de las FARC-EP, y de los miembros de otros movimientos sociales y populares, que estén siendo víctimas de amenazas y asesinatos, y reconoce las condiciones para dignificar el ejercicio de la política y brindar garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de los opositores al gobierno.

En consonancia con el anterior decreto, se reestructura la Fiscalía General de la Nación a través del decreto Decreto 898, que crea la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Falta en esta materia que el Congreso de la República apruebe el texto del nuevo sistema político y electoral que concrete la apertura democrática.

Se reafirmó con el decreto 896 (29 de mayo) la voluntad estatal de cambiar su política represiva sobre el campesinado respecto de la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Esta disposición crea, a cargo de la consejería para el posconflicto, el “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”, con el objetivo de promover la sustitución voluntaria de dichos cultivos, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan de ellos su subsistencia. Respecto de la reincorporación y dejación de armas de los exguerrilleros se expidieron varios decretos: el 897 del 29 de mayo, que cambia el nombre y algunas funciones de la entidad encargada de la reincorporación de alzados en armas por “Agencia de Reincorporación y Normalización”. Tendrá en adelante las facultades para desarrollar y gestionar, coordinadamente con presidencia y otras instancias, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP; el decreto 899 que permite la creación y el financiamiento estatal de Ecoomun, una empresa cooperativa destinada a la reintegración económica de los exguerrilleros. En este paquete de disipaciones se incluye el decreto 900 para la suspensión de órdenes de captura y seguridad jurídica de los exguerrilleros, un paso fundamental para el desarrollo de la implementación, ya que su definición tardía ha generado varios impasses,  tales como la captura de guerrilleros que estaban siendo atendidos en hospitales o cumpliendo actividades del propio proceso de paz.

A estos importantes decretos se sumó el que permite la prórroga, hasta el 31 de julio de 2017, de las Zonas Transitorias de Normalización, donde están ubicados los más de siete mil excombatientes, y genera las condiciones para desarrollar, en esas instalaciones transitorias, los programas económicos, educativos y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la reincorporación. Igualmente se establece un calendario adicional de 20 días para culminar el trabajo de dejación de armas de la guerrilla, cuyo retraso tiene como principal responsable a la burocratización de la primera etapa de la implementación y los retrasos en las obras necesarias para el almacenamiento y registro de las armas.

Con todo y esas disposiciones presidenciales, la implementación tiene varios obstáculos por delante, quizás igual o más difíciles que hasta el momento. 

El gran segmento de la población que está a favor de la paz tiene el rol fundamental de contribuir a la construcción de un clima en favor del proceso que sensibilice al Poder Judicial, obligue a los funcionarios públicos, y que movilice a la sociedad para impulsar el proceso. (O)

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