Domingo, 16 Abril 2017 00:00 Columnistas

Privatizar la política

Magdalena León

¿Es posible ‘comprar’ la presidencia de la república en nuestros países? Tal parece el desafío asumido por el banquero Guillermo Lasso, que ha desplegado una estrategia de aproximaciones sucesivas a la silla presidencial utilizando esquemas más comerciales que políticos. Desde la conformación de su partido (CREO), inscrito en los registros electorales en 2012, se observa una presencia basada en buena medida en la contratación: de servicios propios del marketing político electoral -asesores, encuestadoras, logística de todo tipo-, de medios o espacios de comunicación –lo que incluye opiniones-, de personas para llenar escenarios o calles -y cada vez más para acciones de agresión y caos-, de conciencias para ir integrando a sus filas un variopinto grupo de desertores de otros espacios políticos y sociales, oportunistas de siempre o extraviados de última hora.

El sentido privatizador de su esquema afloró de manera nítida cuando el 2 de abril su proclamación ‘propia’ como ganador fue lanzada y ha buscado imponerse por encima de la validez y legitimidad de los resultados oficiales, la institucionalidad pública y la voluntad electoral ciudadana que no refrendaron tales aspiraciones.

Aunque ambiciosa y audaz en extremo, esta estrategia no es original. Otros han abierto ya camino, a nivel internacional y local, en unos casos con éxito. Basta recordar la llegada de Rodas a la alcaldía de Quito, un desconocido desconocedor de la ciudad cuyo sagaz asesor electoral exhibía luego el ‘logro’ de haber desplazado con semejante figura a un buen alcalde. En esa campaña vimos el juego de maniobras para ganar a toda costa, sin contemplaciones éticas, abusando de la desinformación, el falso rumor, la mentira, el paso de la piratería de ofertas a la retórica inútil cuando se evidenciaba su falta de información, la ‘denuncia’ de fraude. Todo esto se ha proyectado luego en el ejercicio del cargo, con altos costos para la ciudad.

Una estrategia comercial en este campo no supone sólo el financiamiento para comprar todo lo comprable, sino un conjunto de medios que las derechas en la región y en el mundo han ido configurando para usar la institucionalidad pública despojándola de su esencia democrática o para socavarla directamente.

Como atestiguó un experto argentino, observador electoral de larga trayectoria, una constante en las ultimas dos décadas ha sido la arremetida a la institucionalidad electoral por parte de los poderes fácticos; se busca minar su credibilidad y proyección para así mantener los márgenes de manejo y manipulación del poder en función de sus intereses, proyectados como socialmente legítimos y deseables frente a una esfera pública siempre bajo sospecha.

En esa misma línea se ubica la visión construida y alimentada como parte de la hegemonía neoliberal: el manejo de los ataques o imposiciones en beneficio propio como si se tratara de un conflicto entre pares que debe llevar a negociaciones y concesiones. Es una perspectiva que aplicada arbitrariamente convierte en contendores a agresor y agredido, a victimario y víctima, que legitima el atropello planteando como salida el diálogo, en medio de injusticias y asimetrías que se eluden y sanciones que se ignoran.

Invocar leyes y derechos para atacar la institucionalidad y la democracia parece un contrasentido, pero en menos de dos semanas el despliegue de este recurso por parte de Lasso y la derecha raya en la impudicia; el formato comercial llega al extremo del baratillo: recontar mil actas, mejor cuatro mil, mejor todas… mejor montar un circo mediático para, de forma ‘extralegal’, revisar unas cinco mil al azar.

Semejante irrespeto a reglas e instituciones parece dejar un tanto sorprendidas e inermes a las fuerzas progresistas, que tratan de poner como escudo la verdad -para que actué por su propio peso-, invocaciones a la ética, al sentido del honor y la decencia, asuntos de antemano anulados en el campo de acción de los atacantes, que siguen adelante con un libreto de odio, caos y desestabilización.

En medio de esta voraz arremetida, la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos sabemos que no estamos en un país dividido, sino en un país agredido desde dentro por un grupo irresponsable que representa intereses económicos evidentes. No asistimos a una polarización ni a un enfrentamiento entre grupos, sino a un ataque sistemático a la democracia ecuatoriana y sus instituciones. Sabemos que el `líder`de estas acciones nunca será Presidente, cuanto más, puede explotar sus dotes de impostor para actuar en alguna serie televisiva con audiencia comprada. (O)

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Domingo, 16 Abril 2017 15:44

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