Se han aquietado un poco las aguas relacionadas con el abuso de un niño en un colegio de Quito por parte de un docente. Pero hay cosas que, por decirlo de algún modo, dejan pensando. Por ejemplo, en cuanto salió la noticia, algunas personas no es que se interesaron por cómo estaba el niño, la pregunta que saltó en seguida fue: ¿cuál es el colegio? Algo, por otro lado, muy de nosotros, ¿verdad? Nada interesa como los detalles tendientes al morbo o el chismorreo.
También sorprendió bastante la lógica silogística con que se manejaron algunas personas o grupos: al implicado lo defiende un abogado que ha trabajado en ocasiones como abogado personal de Rafael Correa, ergo, el Gobierno protege a los abusadores de infantes. O sea, una de esas brillantes deducciones que a cualquier ser humano normal lo pueden dejar media hora con la boca abierta. En Ecuador, como en otros países del mundo, el abuso sexual infantil es un problema muchísimo más frecuente de lo que se piensa, y se da en todos los estratos sociales. Según una información del diario El Comercio, solo en el primer semestre de 2015 hubo 1.951 denuncias de este tipo de hecho.
No consta el dato de cuántos detenidos, sindicados o sentenciados por este tipo de delito hubo. Tampoco consta el dato de cuántos plantones y protestas públicas se hicieron con motivo de apelaciones o de simple solicitud de detención de todos los hechores de esas 1.951 denuncias. ¿Saben por qué? Porque no hubo ninguna protesta ni un solo plantón. Nadie se enteró. Y si se enteraron, a nadie le importó. Nadie lo tomó como un asunto digno de ir a hacer un plantón delante de una comisaría, en alguna de las cruces del Papa o frente a la puerta de las casas (sí, casas de familia) en donde un adulto abusaba de una niña o de un niño indefenso. Hemos vivido posiblemente toda nuestra historia republicana sin que se nos ocurra hacer una protesta por los miles de casos de abuso sexual que ocurren en este país.
¿Y qué sucedió ahora? ¿Despertamos? No, qué va. A algunos se les despertó el odio y lo disfrazaron muy bien de preocupación por un caso de abuso infantil (de los casi 2.000 que pueden ocurrir semestralmente en nuestro país). Más allá de la desgracia del abuso, y como viene sucediendo en muchos ámbitos, algunas personas o grupos de personas vieron en este hecho una oportunidad para desprestigiar al Gobierno por una circunstancia que nada tiene que ver con la vida política del país, o al menos no de la política partidista. Tal cual como ocurrió con el crimen de las muchachas argentinas en Montañita, se agarraron como pudieron de una desgracia inenarrable, de la muerte de las jóvenes y del dolor de dos familias para ver qué redito sacaban en su indeclinable labor de serrucharle el piso al Gobierno actual.
Llevar las cosas al escándalo público puede ser muy irresponsable en cualquier circunstancia. Sin embargo, es peor cuando se lo hace sin pensar en las consecuencias que esto tendrá para quienes resultan expuestos. Pobre niño aquel a quien se ha llamado ‘Principito’, no solamente ha sufrido algo tan terrible como el abuso sexual, sino que -además- ha sido víctima de la estulticia de los adultos, que, en su afán de manipular información para convertirla en un instrumento de su artería, han olvidado uno de los principales derechos de un menor de edad en estos casos: la protección de su identidad, el respeto a su anonimato… y así lo han revictimizado una y otra vez, pensando en todo, menos en él. (O)
