Martes, 12 Septiembre 2017 00:00 Columnistas

Participación ciudadana

Xavier Zavala Egas

Si tomamos un concepto de democracia lo más simple posible, nos encontramos con que se trata de un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La auténtica democracia, entonces, siempre será directa, aquella en la que el pueblo reunido en una plaza decide lo que más le conviene. Mas, siendo imposible lo dicho, se empiezan a gestar vías para que de la sociedad surjan representantes de la voluntad popular, personas que, llevando el mandato originario de la ciudadanía, realicen actos de gobierno, de legislación o de juzgamiento para mantener el orden social.

En consecuencia, de ahí en adelante la democracia siempre será representativa, ya que la sociedad se vale de delegados para forjar las decisiones sociales. Lo que sí se ha ido depurando con el paso de la historia es la legitimidad de estos mandatos del poder popular, fortaleciendo el sufragio universal, o, también, los mecanismos para rescatar la voluntad originaria en caso de crisis o necesidad. En Ecuador, sin tener antecedente alguno, soporte o referencia histórica, se ubica en el diseño constitucional a la participación ciudadana como Función del Estado, pretendiendo elevar su nivel de importancia democrático, y se modifica la división clásica de administrar, legislar y juzgar, mantenida aún en sistemas fuertes y con sólidos antecedentes de estabilidad.

El control social sobre la gestión de gobierno no es otra cosa que el ejercicio de un derecho ciudadano y un mecanismo de fortalecimiento democrático, que, de otra parte, no es invento de Montecristi 2008. En efecto, siempre ha sido tarea propia de la Asamblea Nacional, integrada legítimamente por nuestros representantes para participar en las decisiones de gobierno, así como para ejercer el control en su calidad de jueces políticos de las autoridades de gobierno, para eso los elegimos, y, de otro lado, la sociedad civil ecuatoriana se ha venido organizando desde hace mucho tiempo, las ONG tampoco son invento de Montecristi 2008.

El problema radica en que, siendo ahora la participación ciudadana una función más del Estado, se distorsiona el vínculo con la sociedad de la que supuestamente surge, ya no existe una sociedad civil organizada que intente un papel de acercamiento entre lo público y la ciudadanía, ahora el controlado absorbe al supuesto controlador desde su origen, creándose un sistema propenso a la hegemonía del poder público que incluye al ciudadano para otorgarle legitimidad a su gestión. Conceptualmente la participación ciudadana se encuentra estatizada.

En la práctica, aquellos que lideran, organizan y conducen este nuevo poder ciudadano ni siquiera surgen del uso de los instrumentos de la democracia directa, como el sufragio, tampoco son elegidos de forma indirecta por los representantes legítimos de la voluntad popular, sino de meras postulaciones que bien pudieran ser manipuladas y reflejo del mismo gobierno para capturar el sistema. A pesar de lo dicho, tienen la facultad de designar al Procurador General del Estado y a todos los superintendentes de entre las ternas propuestas. Así también al resto de las principales autoridades del país, luego de un proceso de selección por comisiones conformadas por los representantes de las funciones del Estado y 5 ciudadanos postulados por la ciudadanía, ungidos de una representación cuestionable.

Este procedimiento es frágil y totalmente propenso al servicio del poder público, la supuesta vigilancia o gestión ciudadana sobre dichos procesos fácilmente puede ser capturada por los poderes que tengan interés particular sobre estos, sean públicos o privados. El sistema de designaciones es proclive a convertirse en un círculo vicioso en el que todos los caminos conducen al mismo punto, el Gobierno de turno. (O)

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