La Ley de Plusvalía y el espíritu redistributivo

- 13 de octubre de 2017 - 00:00

Si algo le ha costado a nuestra democracia es crear un modelo de Estado verdaderamente redistributivo. Bien sea por la captura del Estado por parte de la élite económica, o por una institucionalidad política incapaz de presionar a esta élite, fue recién en la Constitución del Montecristi donde se logró captar un espíritu redistributivo basado tanto en la solidaridad como en la justicia. Es decir, votamos por una visión de redistribución. El presidente Moreno ahora nos está pidiendo votar sobre un elemento técnico de esta visión. Y eso es un problema.

El problema comienza en el momento en que Moreno decide elegir la Ley de Plusvalía como tema para la consulta popular. Si el proceso de elección de la preguntas respondió a una sensibilidad por los temas de importancia para la sociedad civil, empujados en parte por las propuestas enviadas al Ejecutivo, cabe preguntarse en qué momento la derogación de la Ley de Plusvalía se convirtió en un clamor popular. Y si efectivamente lo es, es el clamor de un pueblo muy reducido, un pueblo con la capacidad de adquirir bienes inmuebles, que vive del lucro de su comercialización y que tiene acceso a información privilegiada que le permite especular sobre estos bienes.

Ahora bien, las primeras voces que se alzaron a favor de derogar la Ley de Plusvalía fueron, sin mucha sorpresa, las empresas inmobiliarias y las constructoras. Argumentan que la Ley de Plusvalía acabó con el sector de la construcción y cortó el flujo de inversión. El mismo argumento que sostuvo el miércoles el presidente Moreno cuando lanzó su plan económico. Lo cual es posible, aunque poco probable, si tomamos en cuenta que el sector de la construcción es procíclico en Ecuador. Más aun si, como sugiere el economista Juan Pablo Jaramillo, el decrecimiento en ese sector empezó antes de la promulgación de la ley.

Pero este sigue siendo un debate técnico. Un debate que debió revisarse de manera técnica desde la Asamblea, conjuntamente con otros elementos en la ley que deben ser revisados (Alberto Acosta y Juan Cuvi sugirieron que la Ley de Plusvalía podía depurarse desde la Asamblea para eliminar contenidos perjudiciales a los sectores medios y populares, pero manteniendo el espíritu de castigo a la especulación de tierras). Entonces tenemos un tema técnico y puntual metido en un paquete político guiado por otro espíritu. Un espíritu que, según Moreno, busca retomar la esencia democrática de la Constitución de Montecristi, pero que, leyendo al Presidente como estratega político, busca a su vez contentar a sectores que le puedan brindar el apoyo político que necesita para gobernar y aplicar su plan económico.

De otra manera es difícil entender la inclusión de una pregunta por la cual se va a votar más como corolario de un apoyo político para Moreno que por una verdadera convicción sobre los tecnicismos de una política redistributiva. En la presentación de su plan económico, Moreno aplacó los temores (impulsados desde un sector de AP) sobre un posible paquetazo, pero dejó muchas aristas con suficiente ambigüedad para que, de la cadena nacional al Registro Oficial, su plan pueda significar muchas cosas. Esta negociación implícita para implementar su plan económico sin perder el ímpetu político que ha ganado en estos últimos meses es lo que Moreno logra con la inclusión de la derogación de la Ley de Plusvalía en la consulta popular.

Una estrategia que puede resultar políticamente favorable, pero que deteriora en parte el modelo redistributivo, o por lo menos lo utiliza como herramienta de negociación. Sin duda, Moreno necesita de estas herramientas para gobernar, pero queda por ver qué significa esto para el modelo de país por el cual se votó en Montecristi. (O)