La cancha está trazada

| 07 de Junio de 2017 - 00:00

Con la invitación formal del Presidente de la República para integrar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se marcó la cancha. En efecto, las competencias del ente propuesto constan en el documento que señala, específicamente, la colaboración en la construcción de políticas de prevención de la corrupción en los sectores público y privado; exhortar a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y sanción contra los corruptos; emitir recomendaciones para fortalecer el ordenamiento jurídico, y, además, ayudar a vigorizar la educación en valores que propone el sistema educativo. Así las cosas, y al no ser de su competencia la investigación de casos puntuales de corrupción, se deberían desvanecer las prematuras y hasta temerarias sospechas sobre la integridad o patrióticos motivos de las personas que integrarían el frente citado; sin embargo, más han sido las voces de apoyo a la iniciativa, en unos casos y, en otros, declarándose en una sensata y prudente observación de las futuras actuaciones, como así debe ser.

Es indiscutible la percepción negativa de la ciudadanía sobre la existencia o eficacia de una lucha contra la corrupción desde el sector público. Esto es muy grave, pero explicable, así, cuando se convive con este fenómeno y nos resulta cotidiano, generamos tolerancia. Notemos que socialmente no se excluye al sancionado por corrupción, este, por lo general, sigue interactuando con sus prójimos, en su círculo o gremio, como si nada hubiese pasado, convirtiéndose indirectamente en un estímulo también. De otra parte, la corrupción y su impunidad sabotean la institucionalidad democrática, el sistema se contamina y provoca desconfianza en el ciudadano, así como su indolencia frente a la conducción del sector público.

Entonces, la labor fundamental a realizar es restituir la fe ciudadana en sus instituciones democráticas, tratar de legitimarlas permanentemente creando y aplicando políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas. Implementar una lucha contra la corrupción que agregue e involucre al sector privado, a través de convenios y normas deontológicas de obligatorio cumplimiento. Es imprescindible realizar el seguimiento sobre el control legal que realizan los órganos competentes de todas las funciones del Estado, así como lograr de estos la información necesaria y los insumos pertinentes.

Desde lo internacional, conocemos que el Primer Mandatario ha solicitado colaboración de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el amparo de sus declaraciones contra la corrupción, delincuencia internacional y organizada, a efectos de obtener conocimientos, experiencias, recursos y metodología, lo que me parece loable. Pero, lo antes dicho enfatiza la necesidad de conocer los convenios internacionales relacionados con el tema y que han sido suscritos por nuestro país, así como los órganos competentes, métodos y procesos que se han implementado en su ejecución. De otra parte, es fundamental trabajar en valores humanos y ética pública porque, de fondo, la corrupción es un problema personal y/o cultural.

En este contexto y teniendo como principal referencia el interés público, buscando la inclusión de todos los ciudadanos y sectores desde su particular perspectiva, respetando la autonomía de los órganos del Estado comprometidos constitucional y legalmente, se podrá articular una lucha integral contra la corrupción. Es fundamental, como lo he venido sosteniendo, la voluntad política desde el Ejecutivo para involucrar en esta lucha a todos los sectores del país. Ya la tenemos, el presidente Lenín Moreno ha comprometido su capital político y humano en esta cruzada, nosotros lo acompañaremos en esta ardua pero enaltecedora tarea. (O)

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