Estado o intereses privados: ¿Retorna el dilema?

| 04 de Septiembre de 2017 - 00:00

Prácticamente durante el primer siglo republicano del Ecuador, las instituciones y aparatos del Estado, sus presupuestos y sus capacidades regulatorias o interventoras sobre la economía fueron raquíticos. Las finanzas públicas dependieron de los impuestos indirectos, los estancos (monopolios) estatales y los créditos de los bancos privados. Solo los presidentes Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro fueron grandes reformadores y afirmaron las capacidades estatales. Aun así, en el largo tiempo, prevalecieron los intereses privados y sin duda el poder superior de los hacendados, comerciantes y banqueros sobre el precario Estado-Nación.

Desde la Revolución Juliana (1925-1931) el tradicional Estado-oligárquico empieza a ser superado. Por primera vez el Estado reguló la esfera monetario-financiera con la creación del Banco Central (1927); pudo fiscalizar el uso de fondos públicos gracias a la creación de la Contraloría (1927); se creó la Caja de Pensiones (1928); se dictaron leyes sobre el trabajo asalariado; y por primera vez se introdujo el impuestos a la renta (1928), desde entonces sistemáticamente evadido y eludido por las elites económicas. 

Entre avances y retrocesos, la construcción de instituciones y capacidades estatales ha sido un drama en Ecuador, porque los intereses privados lo han impedido. Eso explica el “subdesarrollo” institucional del país, que acompañó al económico y al desastroso estado de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoritaria población nacional, siempre diferenciada de la riqueza y el poder de una elite de clanes familiares dominantes. Hasta mediados del siglo XX Ecuador era uno de los países más pobres y atrasados en América Latina.

El “desarrollismo” de las décadas de 1960 y 1970 modernizó al Ecuador, incrementó las capacidades estatales, impulsó la institucionalidad nacional, favoreció la industria y logró reformas sociales de importancia, que incluso mejoraron las condiciones de vida y de trabajo. En contraste, las décadas de 1980, 1990 y el inicio del siglo XXI, retornaron a la idea de que los intereses privados y la economía empresarial dinamizarían al país, sobre la base del retiro del Estado y el recorte de sus capacidades. Si bien el país afirmó su desarrollo capitalista, vio crecer la esfera empresarial privada y se vinculó al mundo globalizado, los efectos sociales de ese “modelo” fueron desastrosos porque la riqueza se concentró como nunca antes y sistemáticamente fueron precarizadas las condiciones de vida y de trabajo de la población. Esa situación fue revertida durante la década 2007-2017, como lo comprueban diversos estudios de los organismos internacionales.

Pero la historia y las otras ciencias sociales son las que menos cuentan a la hora de hacer política activa porque si se las tomara en cuenta, todo proyecto gubernamental de avance nacional y progreso humano debiera enfatizar en el aumento de las capacidades estatales, el fortalecimiento de los impuestos directos sobre las capas ricas y la más amplia consagración de derechos sociales y laborales. (O)