Martes, 29 Agosto 2017 00:00 Columnistas

Corte Constitucional a paso de tortuga despierta sospechas

Gustavo Pérez Ramírez

Reacciono indagador ante la aparente bondad de la noticia que publicó El Espectador del 14 de agosto pasado, sobre la Corte Constitucional de Colombia. La Sala Plena del alto tribunal tomó la decisión de que la multinacional El Cerrejón (la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto) suspenda, temporalmente, las obras que adelanta, para desviar el río Bruno, uno de los principales afluentes del Ranchería, único gran río que posee La Guajira.

Los magistrados justifican la medida, “mientras estudian una tutela presentada por varios habitantes de La Guajira que buscan que no se desvíe el arroyo”.

Ha pasado ya demasiado tiempo en esta indecisión. Cuando en junio de 2016 me enteré de lo que ocurría, lo califiqué de escandaloso, título del artículo del 7 junio, en el que me refiero a la mortalidad infantil por hambre y desnutrición crónica en La Guajira colombiana, un caso patético de violencia institucionalizada, secreto a voces desde hace décadas, ahora devenido en escándalo, sin que el Estado haya tomado acción contundente definitiva. Y volví a escribir el 10 de enero de este año para hacer un llamado urgente a la solidaridad. La  Corte Constitucional todavía entonces estaba por decidir si se suspendían los trabajos de desviación del rio.

¿Por qué les ocupa tanto tiempo a los magistrados decidirse a favor del pueblo? Se trata de derechos fundamentales, como ellos mismos reconocen en el auto que suscribieron para su decisión: “mientras se aclara si este proyecto viola los derechos fundamentales de la comunidad a la consulta previa, al acceso de agua, a la seguridad alimentaria y a la igualdad”.

Está debidamente comprobado por profesionales, cómo en varias décadas de megaminería las comunidades de La Guajira han sufrido una profunda transformación de su territorio por la actividad minera, y han experimentado consecuencias irreversibles. La intensa actividad de explotación de carbón a cielo abierto ha empobrecido los suelos, contaminando y agotando las fuentes hídricas, acabando de esta forma con la vocación agrícola y ganadera; además, ha provocado la desaparición de poblados y el desplazamiento masivo de los pobladores originarios, entre los que se encuentran  las poblaciones afrodescendientes y resguardos indígenas.

Además, Samuel Arregocés, líder comunitario de La Guajira, acudió a todos los colombianos y ciudadanos del mundo para exigirle al presidente de Colombia que detenga el desvío del arroyo Bruno, pues la multinacional Cerrejón ha recibido todos los permisos del Gobierno para desviarlo. Se sabe que en el lecho del arroyo hay más de 35 millones de toneladas de carbón.

Conociendo lo que se conoce ahora de los procedimientos corruptos de Odebrecht para lograr sus objetivos, es recomendable que un periodismo investigativo, auténticamente objetivo, esclarezca, en primer lugar, por qué la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira le dieron a Cerrejón el aval para proceder, y por qué la Corte sigue procrastinando una solución definitiva.

Como se manejan las cosas, no hay equidad en el trato que se da a la multinacional, que busca expandirse, y a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que buscan sobrevivir, y cada  día que pasa deja víctimas entre ellos. (O)

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