Categoría 5

- 03 de octubre de 2017 - 00:00

El huracán corruptor nos golpea aún con fuerza, su intensidad viene ascendiendo en la medida que los datos y las delaciones se muestran. La olla de la corrupción en Ecuador se destapó y deja al descubierto algo, un poco de lo que ha venido sucediendo en el país. Es apenas una muestra de lo que se encuentra aún oculto y se percibía, pero, incluso así, no está dejando nada en pie, autoridades y funcionarios de alto calibre, empresarios de gran prestigio, auditores ciudadanos y fiscales siguen presos del fuerte viento. Así también, un sistema de lucha contra la corrupción, diseñado en Montecristi 2008, que debe extinguirse por frágil, ineficaz y permeable a la misma podredumbre que debe combatir. Estamos en un punto de quiebre o inflexión, es un punto de no retorno y debemos seguir de frente.

El experimento no funcionó, si la organización ciudadana y su control social sobre la gestión pública nace del Estado es una acción social estatizada, en la que el controlado (léase gobierno de turno) absorbe al controlador y se vale de este para legitimar u ocultar sus acciones. Así, cooptada la participación ciudadana, nace un hegemónico ejercicio del poder público. Todas las autoridades salen del mismo núcleo y, en general, con el mismo manual, resultando una estructura de prevención y detección de la corrupción ficticia, teórica y, por lo tanto, casi inexistente. Se requiere liberar la organización de la participación ciudadana desde el Estado, sin perjuicio que la fomente o estimule. Debemos cambiar el proceso y certificar la designación de las principales autoridades del país por la vía de una democracia directa como el sufragio universal o, indirecta, a través de órganos legitimados socialmente e integrados en colegios electorales.

Como digo, hay que mirar al futuro y tratar de cambiar lo hecho. No se trata de fortalecer un diseño que nunca funcionó desde el mismo concepto, no, Odebrecht lo destruyó. Es necesario levantar otro, debatiendo como se lo ha hecho desde el Frente de Transparencia, sobre dos espacios de coordinación para la prevención de actos corruptos y contra la impunidad. El primero, un espacio de coordinación para la prevención de actos de corrupción a través del control sobre la gestión pública y privada y la debida coordinación interinstitucional. Sería articulado desde la Presidencia de la República, con las diferentes agencias de control, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. El objetivo es la armonización normativa, la depuración de competencias, la creación de herramientas o nuevas herramientas de control, la unificación de información, la optimización de controles sectoriales y el establecimiento de indicadores y estándares de gestión y evaluación de progreso. En este punto se plantea, además, una focalización en dos actividades económicas que tienen y tendrán especial impacto en las cuentas nacionales: la actividad petrolera y la actividad minera.

Otro espacio contra la impunidad, con un diseño debidamente estructurado que articule las debidas instancias competentes y la coordinación interinstitucional para una adecuada y eficaz investigación y sanción efectiva de casos de corrupción, con mecanismos apropiados de informática forense e inteligencia. Los actores que participarían en este espacio serían articulados, también, desde la Presidencia de la República, con la Fiscalía General del Estado, Función Judicial, Ministerio del Interior, Consejo Nacional de la Judicatura, Unidad de Análisis Financiero y Servicio de Rentas Internas.

En junio 2017, en la ONU, el comisionado Velásquez (Cicig) dijo: "… en Guatemala aún persiste una corrupción sistémica que se ha apoderado de varios partidos y del propio Estado… ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal… Esto ha conseguido sustituir, en períodos de la historia reciente, los intereses nacionales por intereses privados y sectoriales tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes político-económicas". (O)

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