Hay conceptos que le estorban a la oligarquía, como el de soberanía o capacidad de autodeterminación de los Estados. Se supone que es un principio burgués. Pero en Ecuador históricamente no lo hizo suyo la burguesía. Al contrario, tuvo que asumirlo la izquierda porque de ello dependía la supervivencia de esta nación en construcción.
Esto se hizo patente la semana pasada a propósito de la aprobación, por la Asamblea Nacional, de la denuncia de inconstitucionalidad de doce tratados bilaterales de inversión (TBI), un instrumento del orden colonialista contemporáneo, suscrito en Ecuador fundamentalmente por los gobiernos neoliberales (1992-2002), y orientado a proteger los intereses de las transnacionales, en tribunales controlados por ellas, con sus propios árbitros endogámicos y sobre la base de reglas leoninas, como las ‘cláusulas de supervivencia’ que garantizan su permanencia hasta por veinte años luego de su denuncia, o les habilita a replicar demandas billonarias en varios foros simultáneamente. Claramente, los TBI fijan la supremacía del capital sobre el ser humano y la de las transnacionales sobre los Estados, contradiciendo el mandato de nuestra Constitución (2008).
Pero, para los representantes de las oligarquías, para quienes la recuperación del Estado a favor del bien común constituye “una visión totalitaria que desprecia las libertades”, este mandato es un estorbo. Para ellos, el Estado debería asumir una visión ‘pragmática’ y reconocer el arbitraje internacional. No denunciar los TBI sino renegociarlos para no generar “incertidumbre en los agentes económicos”, ni poner en peligro la “entrada de inversiones extranjeras”. Argumento falaz porque, pese a que hemos sido uno de los países con más TBI suscritos desde 1965, nunca hemos sido grandes receptores de inversión extranjera directa (IED), absorbiendo apenas el 0,79% de IED de la región entre 2000 y 2013.
Por el contrario, los TBI exprimen nuestros recursos escasos. Actualmente, sobre el Estado ecuatoriano penden 26 demandas por $ 12.000 millones que le podrían quebrar. Solo en 2016 desembolsó más de $ 1.100 millones a Oxy y Chevron debido a fallos favorables en sus tribunales de arbitraje. Pero, ¡oh sorpresa!, los mismos que se oponen férreamente a la inversión pública acusando al gobierno de la Revolución Ciudadana de ‘despilfarro’, silencian este atraco porque, para ellos, el Estado debe subordinarse al capital, permitiendo incluso el saqueo colonial del que se ofrecen como intermediarios, pero de ninguna manera redistribuir la riqueza entre su propio pueblo, que en esa lógica también se constituye en un estorbo.
Frente a este servil colonialismo, el gobierno de Rafael Correa, que en 2008 denunció el primer paquete de TBI, concluye este 2017 con la denuncia soberana de doce adicionales, reafirmando con ello la voluntad del Socialismo del Siglo XXI de construir un nuevo orden económico internacional en el que los Estados puedan defender soberanamente sus intereses en beneficio de sus pueblos. (O)
