Miércoles, 21 Junio 2017 00:00 Cultura

El fomento para la producción cinematográfica tendrá 5 fuentes

La formación de públicos para las artes estará a cargo del Riefac, cuya creación consta en la Ley de Cultura.
La formación de públicos para las artes estará a cargo del Riefac, cuya creación consta en la Ley de Cultura. Foto: Carina Acosta / El Telegrafo

Los cineastas y otros realizadores audiovisuales debaten en torno a la creación del ICCA, Instituto de Cine y Creación Audiovisual, que reemplazará al CNCine.

Redacción Cultura

El sector cinematográfico es el mejor organizado de la cultura y la ley orgánica del ramo conlleva cambios para la institucionalidad creada en 2006, año en que entró en vigencia la Ley de Fomento al Cine Nacional, que generó el Consejo Nacional de Cinematografía (CNCine), el llamado Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) —que era una asignación del Presupuesto General del Estado— y un concurso público para acceder a incentivos económicos que se dio con una periodicidad anual o mayor hasta 2015.

En 2016 —año en que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, MCyP asignó $ 400.000 para el cine—, esa ley se derogó y la normativa cultural aprobada por la Asamblea Nacional el anterior diciembre estableció que el CNCine —la última directora fue Isabel Mena— pase a ser Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), cuya directiva se determinará mediante el reglamento de la ley que coordina el MCyP.

La semana pasada, el festival latinoamericano La Casa Cinefest acogió un debate sobre esta ‘transición’, en la sala digital de la Flacso. La cineasta Isabel Mena –actual encargada del ICCA– señaló la importancia de que el Ministerio de Cultura tomase en cuenta los antecedentes del CNCine para la esperada generación de una política pública en el ámbito audiovisual.

“La razón de ser del CNCine estuvo enfocada en el fomento a las producciones, sí, pero también atendió la difusión internacional de las películas y la formación, a través de talleres de capacitación”, dijo la funcionaria. Las inversiones futuras en el sector estarán reguladas por el ICCA y el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic).

Arturo Yépez, representante de los productores cinematográficos en el Consejo directivo del CNCine durante 3 años, señaló que la antigua ley de cine permitió que haya asignaciones presupuestarias que, con el tiempo, fueron decreciendo. La inversión estatal en la última década, a través del FFC, fue de $ 9'423.718,34 para 405 proyectos. “El apoyo que ha dado el Estado al cine nacional desde 2006 no alcanza el 10% de lo que cuesta producir cada película”, dijo el realizador.

Las decisiones del CNCine eran mediadas por el consejo nombrado,  integrado por representantes de distintos gremios cinematográficos, entre los que estaban exhibidores, actores o directores. En el reglamento de la ley vigente —uno que elaboró el equipo de Andrés Aráuz, mientras se encargó del MCyP, en mayo de este año— no se define la periodicidad de las convocatorias a presentar proyectos para acceder a incentivos.

La normativa anterior establecía que este proceso era anual, pero no se cumplió el año pasado. Allí hubo una asignación para cofinanciar proyectos en ejecución, decisión de la entonces ministra (e) de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez.

El Ifaic aún no está conformado y otras de las fuentes de financiamiento para el cine son las multas generadas por incumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, montos que define la Supercom (Superintendencia de la Información y Comunicación). El jurado que asignará los incentivos tampoco está definido, señaló Yépez, quien fue uno de los coproductores del filme Sin Otoño, sin Primavera (Iván Mora Manzano, 2012)

María José Zurita fue delegada por Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, para conversar con los cineastas. La funcionaria del MCyP admitió que los cambios administrativos (el expresidente Rafael Correa designó a 10 ministros de Cultura) han complicado la gestión y anunció que se harán “mesas sectoriales” para la publicación del reglamento de la ley de cultura.

Zurita, quien ha trabajado sobre todo con artistas plásticos, mencionó los $ 28 millones del Foncultura —a los que ya se puede acceder sin trabas, según le dijo Aráuz a este diario— como una de las fuentes para producciones audiovisuales; el 5% del presupuesto del  Banco del Estado del Ecuador (BdE) y unas multas adicionales: las que se establecen sobre violaciones a la Red Nacional de Cultura, por concepto de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, por ejemplo.

“Cómo se desarrollará la distribución de los fondos para las artes dependerá de la participación de los gremios en esta gestión”, explicó Zurita, pero señaló que también se tomará en cuenta lo que cada sector genere en el Producto Interno Bruto (PIB). El aporte del sector audiovisual al PIB llega al 2,2%.

“El MCyP ya no va a ser una entidad ejecutora de presupuesto, ya no vamos a llamar a fondos concursables ni festivales, sino que vamos a dedicarnos a hacer políticas públicas”, explicó Zurita.

La formación de públicos y la capacitación de los realizadores estarán a cargo del Riefac (Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio), cuya creación también está dispuesta en la Ley Orgánica de Cultura.

La experiencia Argentina

Iván Granovsky, director argentino y exfuncionario del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), fue uno de los invitados a La Casa Cinefest. En el encuentro de cineastas explicó que una ley de cine permite, en su país, que haya un fondo de fomento real, el cual tiene dos fuentes principales: el 10% del precio de cada entrada al cine, para todas las películas, y el 15% del impuesto que el Estado cobra a las teleoperadoras por usar el espacio radioeléctrico.

Esos aportes van al cine, al teatro y a la música, según Granovsky, quien dijo que, en 2016, el cine argentino recibió $ 300 millones a través del Incaa, que no abre convocatorias sino que acumula proyectos que, cada tanto, entran a evaluación. En Argentina se producen entre 180 y 220 películas  con fondos públicos al año. A eso hay que añadir el centenar que llegan a las salas sin este tipo de incentivos. La cuota de pantalla y otras formas de distribución están en el centro del debate en ese país. 

Mientras estaba vigente, la primera ley de cine de Ecuador dio lugar a que se establecieran categorías alternativas, como las destinadas a producciones de bajo presupuesto, cine comunitario y el de pueblos y nacionalidades del país. Estos productores, menos vinculados a la academia que otros, reciben atención por derecho constitucional. (I)

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