Martes, 11 Abril 2017 00:00 Cultura

Archivos reabren debate sobre el franquismo

Un par de penitentes de la orden católica de La Paz camina hacia la celebración del Domingo de Ramos, antesala de la Semana Santa, en Sevilla, España.
Un par de penitentes de la orden católica de La Paz camina hacia la celebración del Domingo de Ramos, antesala de la Semana Santa, en Sevilla, España. Foto: Cristina Quicler / AFP

El Gobierno de España los retiró de consulta pública y no serán divulgados.

Redacción Cultura

El Gobierno español reconoció que la Fundación Nacional Francisco Franco tiene documentos clasificados como secretos, pese a ser un organismo privado. Este tema empezó a esclarecerse cuando el parlamentario Alberto Garzón, coordinador general del partido Izquierda Unida, advirtió que esos documentos no estarían bien custodiados.

La agencia Europa Press recogió una respuesta que el Congreso de Diputados le dio a Garzón, donde el Gobierno pide -a través de la Secretaría de Estado de Cultura- que los archivos en cuestión se retiren de consulta pública y que se traslade a la administración la información sobre ellos, “para poder protegerlos convenientemente y que no se divulguen”, publicó el portal eldiario.es el domingo pasado.

En una pregunta registrada en el Parlamento, Garzón alertó al Gobierno de que la Fundación Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.

Garzón sugirió que los archivos “deben estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada”. El también portavoz adjunto de Unidos Podemos especificó que “deberían permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales o en el Archivo General de Palacio”.

Fuentes oficiales le indicaron a Garzón que, como consecuencia de las subvenciones estatales concedidas a esa fundación para la organización de su archivo, una copia de la documentación referida fue remitida (formato digital) al depósito del Centro Documental de la Memoria Histórica administrado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Estas ayudas concedidas a la fundación a principio de los años 2000 fueron, según el Ejecutivo, “de libre concurrencia a entidades privadas sin ánimo de lucro” y tenían como finalidad “el desarrollo de proyectos archivísticos”.

En 2007 se aprobó en España la Ley de la Memoria Histórica, que Incluye el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), pero no la apertura de fosas comunes que provocaron.

“Se adoptaron medidas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales”, dice el Gobierno en el comunidado.

Durante su última visita a Ecuador, el historiador Ramón Alberch Fugueras le dijo a este diario: “La política de ‘no revisemos el pasado porque genera tensiones’ es mucho peor que la de ‘resolvamos el pasado; si alguien tiene que ir a la cárcel, que vaya’”. Alberch, quien es el mayor experto en archivística de su país, sostuvo que ver la Guerra Civil como un tema desgraciado, “una lucha fraterna en que lo mejor es olvidar porque remover el pasado no lleva más que a problemas” es una visión simplificadora que ha generado grandes dosis de impunidad. (I)

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