Manual de atención en salud a personas LGBTI rige para sectores público y privado

- 17 de Agosto de 2017 - 00:00
Una activista de la comunidad LGBTI revisó el sumario de servicios para salud durante la presentación.
Foto: Karly Torres / El Telégrafo

La normativa garantiza el acceso de esa comunidad a los servicios médicos sin discriminación. Su incumplimiento será sancionado con multas o clausuras, dependiendo de cada caso.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) tienden a utilizar menos los servicios de salud por miedo a encontrarse con un escenario de estigmatización generalizada, desconocimiento sobre diversidades sexuales y actitudes homofóbicas por parte del personal, señala un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Esta aseveración tiene sustento en el “Estudio sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de 2013. Este señala que el 58% del total de personas encuestadas no tiene ningún tipo de seguro de salud.

El 33,7% ha experimentado discriminación y el 18,7% ha vivido experiencias de exclusión, añade el informe. “Todo este contexto afecta a la salud de la población LGBTI y tiene impacto directo en su calidad de vida”.

Ante esta realidad, la cartera de Estado implementó el Manual de atención en salud para personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, vigente desde el 15 de noviembre mediante un acuerdo ministerial.

El instructivo fue presentado en Guayaquil, ante la comunidad LGBTI y personal de la Coordinación Zonal 8 que agrupa a las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón.

Su titular, Julio López, destacó la importancia de la herramienta, cuyo cumplimiento es obligatorio y aplica para todo el sistema nacional de salud (público y privado) “porque garantiza el acceso a la salud, de manera oportuna” de ese colectivo.

Al respecto, comentó que se han realizado actividades de sensibilización con el personal de salud sobre la aplicación de las normativas plasmadas en el manual.

Además se iniciará una amplia capacitación en los tres cantones para su ‘estricta aplicación’, pues su incumplimiento contempla sanciones de diferentes rangos que van desde multas hasta clausuras, “dependiendo de la gravedad de la afectación al ciudadano”.

La medida

El coordinador zonal 8 explicó que desde la despenalización de la homosexualidad, en 1997, la discriminación como tal, la falta de acceso, de oportunidades y la violencia  -en materia de salud- son elementos que ahora estamos tratando de abarcar y cubrir de manera permanente. Por eso no existe una cifra de denuncias en esos casos en el MSP.

Diane Rodríguez, asambleísta transfemenina del país y activista por los derechos de las personas LGBTI, señaló que a partir del manual vigente se podrá cambiar o implementar aspectos para  beneficio de la comunidad. “Considero que hay que tratar un poquito más el tema trans e intersex, pero también hay que tener claro que el texto es un manual y no un protocolo”.

Rodríguez coincidió en que no existen estadísticas sobre discriminación hacia este grupo poblacional en el ámbito de salud, pero recordó el caso de una transfemenina de Santo Domingo que no recibió una atención adecuada de salud tras resultar con una lesión en una de sus prótesis mamarias, en un asalto.

También mencionó el de un intersex (persona con desórdenes del desarrollo sexual), quien se identificaba como hombre, que denunció a un médico de un hospital estatal porque, supuestamente, no supo atenderlo.

La asambleísta y su pareja transmasculino, Fernando Machado, en algún momento de sus vidas también se sintieron maltratados cuando una médica le reiteró a este último que era una mujer, cuando él se identifica como hombre. Eso ocurrió en un control del embarazo de Machado.

“Todavía las personas trans luchamos. (El manual) es un espacio importante y ojalá los demás ministerios tengan la misma apertura y se cree un protocolo de atención de bullying específicamente para personas LGBTI en los colegios, que se incluya una tasa porcentual (de trabajadores) en el Código Laboral. Si tenemos todo ese compromiso, nuestra población será más incluida en las políticas públicas y la discriminación disminuirá”.

En tanto, Sonnia Díaz,  viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública (subrogante),  indicó que la normativa es un instrumento que tiene por finalidad garantizar el derecho a la atención de salud y al buen trato de este grupo específico.

La herramienta plantea un desafío a los profesionales de la salud: responder de manera acertada y asertiva a las necesidades de salud de la población LGBTI y erradicar de los servicios de salud los prejuicios y mitos en relación con la diversidad sexual. Esto es posible con el manejo de información adecuada y el desarrollo del conocimiento.

Con el manual del Ministerio de Salud Pública se aspira a contribuir con la disminución de las barreras de atención y a la prestación de un servicio de atención integral y de calidad al colectivo. (I)

Datos

Los trabajadores deben evitar bromas o insinuaciones maliciosas acerca de las personas LGBTI. Los médicos pueden dar el ejemplo para el resto de los profesionales.

Los empleados tienen que facilitar que la persona LGBTI se sienta cómoda en el establecimiento y así aumentar la posibilidad de obtener información importante para la atención eficaz.

El registro de la consulta contará con el término de género neutro (pareja, en lugar de esposo o esposa) y preguntas alternativas sobre la conformación familiar alternativa (no asumir familia tradicional).

Plantee a la persona la posibilidad de su derecho a negarse a responder preguntas. No haga suposiciones. Cualquier ciudadano que accede a la consulta podría auto-identificarse como LGBTI. (I)

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