Martes, 01 Noviembre 2016 00:00 Sociedad

Los adictos firman un documento de consentimiento informado

La internación por consumo de drogas debe ser voluntaria y justificada

Fuente: Acuerdo Ministerial 0000080. Ministerio de Salud.
Fuente: Acuerdo Ministerial 0000080. Ministerio de Salud. Gráfico: El Telégrafo

El nuevo Acuerdo 80 del Ministerio de Salud aclara los protocolos que cumplirán los centros de rehabilitación.

Redacción Sociedad

Por segunda vez, Jairo está internado en un centro de rehabilitación. La primera ocasión que llegó a uno para dejar de consumir marihuana, cocaína y heroína fue porque su padre lo obligó.

El joven de 23 años recuerda que no creía en el programa de recuperación. En el lugar se enamoró de una joven, también adicta a las drogas, con quien se fugó al cuarto mes.

Una vez afuera, sus amistades y los sitios que frecuentaba hicieron que recaiga. Pero hace tres meses decidió parar de una vez por todas. A diferencia de su primera experiencia, hoy asiste a un centro de rehabilitación por su voluntad.

Justamente, el Acuerdo Ministerial 80 de la cartera de Salud, expedido el 8 de agosto pasado, indica que la internación, como estrategia terapéutica, es el último recurso que debe emplearse, tiene que ser voluntaria y estar justificada.

El Juez competente dispondrá el internamiento siempre y cuando se ponga en peligro la vida de la persona que presente consumo problemático o de terceros.

Los pacientes deben ser atendidos en un servicio de emergencia y, una vez estabilizados clínicamente, se los enviará a un centro de rehabilitación ahora llamado Establecimiento de salud que presta servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (Estad).

Gladys Aguirre, directora técnica del centro de rehabilitación para hombres adultos ‘Censico’, explica que de acuerdo con el protocolo, quien puede llevar al paciente es un familiar (padre, madre o pareja). En caso de que la familia no viva con la persona consumidora se aceptan acercamientos con tíos o abuelos. “Los amigos pueden dar las indicaciones, mas no pueden ingresarlo”.

El paciente -añade- debe estar consciente de su enfermedad y de que será internado, por lo que firma un documento de consentimiento informado de todo, de lo contrario, no puede permanecer en el sitio.

Sin embargo -explica- por las condiciones de la adicción los usuarios entran en estado de negación y muestran resistencia al tratamiento. “Ellos quieren irse en ese mismo momento, pero las terapias vivenciales y ocupacionales contribuyen con su recuperación”.

La psicóloga Victoria Peraza detalla que para lograr un grado de concienciación les muestran los síntomas de la enfermedad.

El consumo

De acuerdo con la Cuarta Encuesta Nacional sobre el uso de drogas (elaborada en 2012), la edad del inicio de consumo es 14,3 años.

En ese estudio se determinó que la marihuana era la droga más consumida. Asimismo, el 0,22% de los estudiantes presentaba un uso experimental de heroína; el 0,19%, ocasional y el 0,31%, frecuente.

El responsable de Discapacidades y Salud Mental de la coordinación zonal 8, Omar Garay, expresa que cuando el tratamiento se realiza de forma forzada no hay adherencia.

El modelo que aplica el Ministerio de Salud Pública (MSP) se basa en dos formas: una ambulatoria (a la que deben asistir por horas) y otra residencial (con internamiento).

El último método se aplica cuando el tratamiento ambulatorio no tuvo efectos y el entorno social en el que vive el afectado no da las facilidades para su rehabilitación. “Es importante la evaluación y diagnóstico que hacen los centros y trabajar con la voluntariedad, que es el deseo de recuperar su vitalidad, fortalezas emocionales, hacer un proyecto de vida y mejorar su condición”.

Según el funcionario, de esta forma el proceso será rápido, porque la persona predispone su organismo, mente y alma a mejorar su condición de salud. “Muchas veces son llevados a la fuerza, en contra de su voluntad, se violentan sus derechos, son vejados o lastimados, no son atendidos de la manera acorde con sus necesidades”.

En ocasiones -asegura- cuando han hecho inspecciones con la Comisión Técnica Institucional de Salud han descubierto que algunos centros incumplen los criterios, por lo que son causales de cierre. “El derecho a la vida y al buen trato son fundamentales. Es vital que la comunidad se empodere del tema”.

Ítalo Villavicencio, secretario de la Asociación de Propietarios de Centros de Tratamiento de Adicciones del Ecuador (Aptae) señala que en estos espacios no se puede fomentar la agresividad porque precisamente llegan de entornos violentos. “El trabajo debe ser enfocado en la orientación”.

Jairo, ahora es libre de hablar honestamente con todos los que lo atienden. Recuerda que la última vez, cuando fue de manera forzada, lloraba y pedía a Dios que lo ayude a encontrar una salida. “Ahora me siento contento porque estoy rehabilitándome por mí mismo”.

Cuando concluya el tratamiento quiere iniciar una carrera técnica automotriz. (I)

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700 cámaras están instaladas

175.000 padres de familia luchan contra alcaloides

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, destacó ayer la tarea que se desarrolla en la lucha contra el microtráfico en los establecimientos. Hasta el momento, según el funcionario, 175.000 padres de familia se han involucrado en el proyecto ‘Misión Educación Cero Drogas’.

Asimismo, se han instalado 700 cámaras en los exteriores de los planteles educativos. “Tenemos que batallar toda la vida contra el microtráfico para que cada vez sea menor. Contamos con la juventud más sana del mundo y debemos preservarla, dijo el funcionario”.

También Espinosa resaltó la importancia de la implementación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en los establecimientos que superan los 1.000 alumnos.

Ya existen 1.500 CEDE a nivel nacional. Espinosa indicó que a finales de diciembre la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) levantará una encuesta para determinar el consumo de alcaloides en el país.

Según  el  informe de la Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, que recopila datos de una encuesta realizada a 4.000 hogares en 2015, el 46% del grupo etario considera que en su centro  de estudios circulan las drogas y otro 24% confesó que alguna vez vio a un estudiante que la vende o la ‘pasa’ sin ser detectada. (I)

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