Lunes, 26 Septiembre 2016 00:00 Justicia

"Me siento humillado y degradado como ser humano por la agresión"

En mayo de este año, en el pabellón de mediana seguridad de la regional Turi, se cometió el abuso policial.
En mayo de este año, en el pabellón de mediana seguridad de la regional Turi, se cometió el abuso policial. Fotos: Fernando Machado / El Telégrafo

Este miércoles se instalará la audiencia de habeas corpus planteada por los 13 internos de la cárcel de Turi a través de la Defensoría Pública.

Redacción Justicia

Para las 16:45 del miércoles 28 de septiembre está previsto que se instale una nueva audiencia de habeas corpus interpuesta por 13 internos, a través de la Defensoría Pública, por supuestos abusos policiales en el centro de rehabilitación social Turi, ocurridos el 31 de mayo.

Esta diligencia no se cumplió el jueves último, porque fue cancelada a petición de la defensa de la Policía Nacional.

El nuevo proceso se desarrollará después que la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay declaró nula la audiencia del 30 de junio, en la que el juez Esteban Vélez concedió el recurso y dispuso que los internos sean trasladados a otros centros de privación de libertad y reciban disculpas públicas por los acusados.  

“Ellos consideraron que el juez competente no era el que asumió inicialmente la acción, sino que correspondía conocerla al servidor judicial que resulte del sorteo. Tenemos otra postura, pero hay que aceptar la resolución de la Corte. Se envió otra vez a sorteo y se asignó a un nuevo juez”, explicó Fernando Anzieta, defensor Público provincial de Azuay.

En el último informe presentado por la Defensoría Pública se señala que el 31 de mayo de 2016, “tuvo lugar un empleo arbitrario y excesivo del uso de la fuerza pública que se tradujo en la imposición de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los privados de la libertad en el marco de una requisa ilegal ejecutada por agentes policiales”.

Según Anzieta, con este recurso se pide el reconocimiento de que hubo la violación al derecho a la integridad de los internos. “Los mecanismos para establecer responsabilidades se realizan por otras vías, por ejemplo a través de la Fiscalía”.

La Defensoría mantiene la solicitud de que los internos sean trasladados a centros de rehabilitación cercanos a sus familias. Esto pese a que el Ministerio de Justicia trasladó a los 13 internos a las regionales de Guayas, Cotopaxi y Riobamba. “Insistiremos que se lo haga a unos (centros) en donde se encuentren con sus familiares”.

Como medida de reparación en el documento se pide que “se ordene que en los próximos operativos se cumplan con observancia de la ley y sobre todo se garantice los derechos humanos, y que los policías reciban capacitaciones relacionadas con este tema”.

También se adjuntó el testimonio de los internos sobre los daños que sufrieron. “Psicológicamente me siento mal, humillado y degradado como ser humano por las agresiones sufridas”, escribió uno de los privados de la libertad, quien también solicitó una “reparación integral” de los daños ocasionados, además del traslado al centro de rehabilitación de Machala para estar más cerca de su familia.

“Me siento mal porque en mi vida había tenido problemas con la Policía como lo que sucedió en Turi”, anotó otro preso.

Los internos también señalan que tienen problemas de salud derivados de los maltratos, como: dolores  musculares, pérdida de peso, problemas alimenticios y psicológicos.

Por este caso también se sigue un proceso penal, basado en la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia; y una acción administrativa por la Secretaría del Interior.

La Fiscalía de Azuay indicó que la investigación se encuentra en etapa previa, por lo que la información es reservada. (I)

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