Las viejas prácticas de extorsión corroen la cárcel de Cuenca

| 11 de Septiembre de 2017 - 00:00
El complejo carcelario se inauguró en noviembre de 2014. Su costo supera los $ 40 millones y está emplazado en un predio de 2 hectáreas en las afueras de la ciudad de Cuenca.
FOTO: Fotos: Fernando Machado / El Telégrafo

Exdetenido narra los abusos que sufrió durante su tiempo en la cárcel. Los funcionarios del CRS de Turi aseguran la situación está bajo control.

Como “un mundo perverso e inhumano” definió Roberto (nombre protegido) a la cárcel de Cuenca.

El hombre estuvo preso ocho años, acusado de tenencia ilegal de droga (1.860 gramos). ‘Vivió’ tanto en la vieja cárcel, al norte de Cuenca, como en el nuevo Centro de Detención de Turi, este último inaugurado en noviembre de 2014.

A las pocas horas de que llegó a prisión tuvo la ‘visita’ de un detenido que le exigió $ 600 ‘por derecha’, es decir de buena manera y sin resistencia.

A las pocas horas no tuvo más remedio que pedir a su familia el dinero, “caso contrario, le harían daño a mis hijos”.

Roberto hace hincapié en que los pagos tienen que ser puntuales. “Si te tardaste un día debes pagar el doble. Atrasarse es peor que haber cometido una violación”.

El hombre reúne fuerzas para contar las historias. “Un día vi que un compañero se resistió a pagar el derecho de piso y le fueron sacando las uñas de los pies en la noche. No había cómo hacer algo”.

Según el exreo, en el Centro de Rehabilitación de la capital azuaya, cuya capacidad es para 2.750 personas, entre hombres y mujeres (actualmente existen 2.560), hay grupos que se forman para extorsionar y por lo general están compuestos por gente que vive para la droga o “por delincuentes a los que no les importa nada en la vida”. “Existen actos tan inhumanos que se me hace difícil olvidarlos”, cuenta Roberto. Recuerda que un joven llegó detenido y tenía oro en su dentadura, entonces le sacaron los dientes para robarle ese poco de oro que tenía”, manifestó.

Según Roberto existe una tarifa impuesta como parte de la extorsión, la cual que puede ir “desde los $ 10 hasta los $ 1.500, todo depende de la condición económica” del preso.

Los llamados ‘coyoteros’ o personas que llevan al exterior de manera ilegal a migrantes son los preferidos por los extorsionistas.

“Ellos saben que tienen dinero. La tarifa está sobre los $ 2.000 y si se resisten a pagar las consecuencias son graves, incluso amenazan con matar a familiares porque afuera de la cárcel actúan los otros delincuentes que trabajan con ellos y esto lo saben quienes laboran en estos centros”, denuncia. Este dato  también lo repiten los familiares de los detenidos, quienes no quieren revelar sus nombres por miedo.

Como dice César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, “están atemorizados por todos lados”. La Comisión de Derechos Humanos de Azuay no quiso pronunciarse al respecto.

Un familiar de uno de los reos narró que este se negó a pagar el chantaje y su hija fue secuestrada durante un día, “hasta que pagó los $ 400 que le pidieron desde el interior de la cárcel”.

Para el coordinador zonal del Ministerio de Justicia, Lizandro Martínez, es una situación (la extorsión) que ha sido tomada en consideración y que no es de ahora, sino que viene desde cuando la cárcel funcionaba en el centro de Cuenca.

Él ya está tomando correctivos, como permitir la salida al patio por grupos y no de todo el pabellón. También dijo que las modalidades como el ‘Payaso’, que es poner droga y celulares en un preservativo en las partes íntimas de las mujeres se ha controlado.

“Hay casos que están judicializados”, dijo. También se vigila el llamado ‘bombazo’, colocar en una pelota droga y armas y lanzarla desde afuera de la cárcel al patio, para eso se ha puesto un patrullero para el control. “Hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía para que allí (cárcel) se instalen los juicios y los detenidos ya no salgan hasta la Corte”, indicó.

Caso Camionetazos

Mientras tanto en Cuenca, el 4 de septiembre se instaló la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio en contra de 26 internos, familiares, exprivados de la libertad e incluso personal que trabajaba en el Centro de Rehabilitación de Turi, por una presunta red de extorsión.   

Claudia Romero, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción, dijo que todos los hechos presentados en la audiencia sucedieron desde el año 2016.

El proceso tiene 58 cuerpos,     más de 5.000 hojas con las declaraciones de las personas, que supuestamente extorsionaban y torturaban a sus víctimas. (I)