Jueves, 22 Septiembre 2016 00:00 Justicia

Juez dicta prisión para 6 vinculados a estafa masiva

El lunes pasado dos vehículos y otros enseres fueron devueltos a tres migrantes por orden de la Fiscalía.
El lunes pasado dos vehículos y otros enseres fueron devueltos a tres migrantes por orden de la Fiscalía. Foto: William Orellana / El Telégrafo

La Aduana pide a los perjudicados de OGC actualizar sus movimientos migratorios para agilizar las entregas.

Redacción Justicia

El juez de Garantías Penales de la provincia de Guayas, Gonzalo Villacreses, dio paso a la vinculación de 14 personas más en la investigación que lleva adelante la Fiscalía para descubrir a los autores, cómplices y encubridores de la estafa que supuestamente cometió la empresa OGC Paquetería contra migrantes ecuatorianos que confiaron sus menajes para que sean traídos al país desde España.

Durante la audiencia de vinculación realizada en la Unidad Judicial Sur-Valdivia, el fiscal Nelson Vela formuló cargos contra los 14 sospechosos por el delito de defraudación aduanera y solicitó prisión para 11 de ellos y medidas alternativas para los tres restantes por tratarse de adultos mayores.

El juez Villacreses solo aceptó la prisión preventiva de seis de los 11 imputados, al resto le ordenó presentarse una vez a la semana en su despacho; además, la prohibición de salir del país y de enajenar sus bienes.

Entre este grupo de personas constan funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), agentes de aduana y personal de la empresa OGC.

Sin embargo, la decisión judicial no satisfizo en su totalidad al fiscal Vela, quien apeló el fallo del juez Villacreses por considerar que no existen garantías de que los vinculados comparezcan de manera voluntaria al juicio.

El recurso de apelación fue presentado por el fiscal Vela, luego de que concluyera la audiencia de vinculación y formulación de cargos. La Fiscalía espera que se fije fecha para sustentar su pedido de apelación ante una Sala superior.

En tanto, ocho meses tuvo que esperar el migrante Rolando Alvarado, de 44 años de edad, para recuperar el fruto de 16 años de trabajo en Palma de Mallorca, España. El hombre es parte de los perjudicados por la empresa OGC Paquetería, la cual ofrecía el traslado de los menajes de casa de los ecuatorianos desde España a Ecuador, compromiso que no cumplió.

Alvarado regresó al país en diciembre del año pasado tras acogerse al Plan Retorno del Gobierno Nacional, pero un mes antes envió sus pertenencias a Guayaquil para retomar su vida en tierra propia junto con su esposa e hijos. “Sin embargo, mis cosas personales nunca llegaron en dos meses, tal como se comprometió la empresa de traslados y tuve que gastar en comprar otra vez  camas, colchones y otros enseres para continuar viviendo con algo de dignidad”.

El perjudicado, quien  trabajó en la industria de la construcción en España, reiteró que no desmayará en su afán de justicia para él y los miles de afectados por OGC. “El perjuicio causado por la empresa ha sido total. No nos entregaron nuestros enseres a tiempo y, tras la quiebra de la compañía, hemos tenido que andar de un lado a otro en trámites judiciales, lo cual dificultó conseguir un trabajo y aquello terminó afectando a nuestra salud”.

Otros dos migrantes también recibieron sus menajes el lunes último como parte del proceso de devolución que inició la Fiscalía en marzo de este año y que mantiene en prisión a dos  directivos de la empresa, entre ellos el propietario, identificado como Óscar Geovanny Z.V., quien se escondía en Manta, provincia de Manabí.

En marzo pasado, la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano del Guayas receptó más de 1.500 denuncias de posibles perjudicados, en las que se relata la supuesta estafa por el envío frustrado y no entrega de mercadería desde España hacia Ecuador.

Además, se abrieron otras dos investigaciones frente a las irregularidades detectadas en las operaciones de la empresa OGC. Una tiene relación con el delito de uso ilegal de la marca ‘Ecuador Ama la Vida’, que era utilizada por esta compañía para promocionar sus servicios, sin que tenga la autorización del Ministerio de Comercio Exterior.

La otra investigación trata de determinar la falsificación de la firma de una escritura notarizada, con la que uno de los migrantes certifica supuestamente que los objetos que se encuentran en uno de tantos contenedores son de su pertenencia. Finalmente, mediante pericias, se confirmó la falsificación de las rúbricas.

El director general del Servicio Nacional de Aduana (Senae), Xavier Cárdenas, durante la apertura de tres contenedores en la Terminal Marítima de Guayaquil, ratificó que los menajes no pagan ningún tributo respecto al comercio exterior. “Hay un gasto logístico por los operadores portuarios que se redujo para beneficio de los migrantes perjudicados por la empresa OGC y está estimado en $ 150”.

El funcionario recordó que los otros 42 ecuatorianos que fueron autorizados por la Fiscalía para los retiros deben actualizar la información de sus bultos y sus movimientos migratorios mediante una declaración juramentada notarizada. “Si cumplen aquello la devolución de sus cosas es inmediata”.

Cárdenas reconoció que el camino para la reposición de los menajes fue largo y causó fastidio entre los compatriotas perjudicados. “A nivel logístico y operativo, por ser casos particulares, se efectuaron ajustes (a los trámites aduaneros) para efectivizar las devoluciones de la paquetería”. (I)

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