Viernes, 10 Febrero 2017 00:00 Justicia

Exjefe de policía cumple condena condena de 90 años por la incineración de 37 personas

Exjefe de policía cumple condena condena de 90 años por la incineración de 37 personas
Redacción Justicia

Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional guatemalteca, asesinó a 37 personas, las mismas que murieron incineradas el 31 de enero de 1980 en el interior de la embajada de España en Guatemala.

El acusado, “incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad”, según expresó el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala durante la lectura de la sentencia, después de cuatro meses de audiencias.

Campesinos, indígenas y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, tomaron por asalto la embajada española para lograr ser escuchados en sus reclamos y peticiones.

En 1980, García dirigía el comando de la Policía Nacional (PN) de Guatemala y dio la orden de incendiar la representación consular, hecho que fue demostrado por la Fiscalía.

Para la  jueza Sara Yoc Yoc, el uniformado “utilizó los medios para asegurarse de la muerte de quienes estaban dentro de la misión”, fallo que compartieron de manera unánime los 3 magistrados del tribunal que lo juzgaron.

La lista de los fallecidos en esta masacre incluye al cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.

Aquel día también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien fue la primera testigo de la Fiscalía en contra del exjefe policial y además querellante en el caso.

El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes del asalto.

Pero Yujá fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980 en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, centro de altos estudios estatal.

García fue capturado el 24 de julio de 2011 por la desaparición forzada, el 9 de junio de 1980, del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito y por ese caso recibió una condena de 70 años de prisión en 2012.

Juicio por 37 muertes

El 16 de agosto de 2012 se inició el juicio oral y público en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que presidió la jueza Jazmín Barrios. Ella rechazó las acciones de Moisés Galindo, defensor del acusado, quien pidió el sobreseimiento del proceso por falta de pruebas. García, de 68 años, se negó a declarar.

César Escalante, piloto y mensajero de la embajada española, sobreviviente de la incineración de dicha sede, relató en el segundo día de audiencia del juicio que se salvó de morir, porque había salido a realizar un trámite solo unos minutos antes.

Además declaró que cuando regresó escuchó los gritos desgarradores de sus compañeros sin que los pueda ayudar. También oyó  al policía que ordenó que nadie quede vivo, de los que estaban dentro del edificio.

El 19 de enero de 2015, el tribunal declaró culpable de la masacre a García, pero él siempre se declaró inocente, aun en la última audiencia del juicio, pidió “objetividad” al tribunal.

Durante el juicio, los jueces aceptaron las conclusiones del Ministerio Público en el debate oral, cuyos representantes describieron la tragedia como “una operación policial clandestina”, ejecutada por la PN.

Según la Fiscalía, la PN “evitó el ingreso de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas” a la representación diplomática. Galindo, defensa del acusado, indicó que no se podía probar la versión entregada de los hechos.

García Arredondo fue condenado a 90 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

La resolución de los jueces no especifica el origen del fuego, pero sí descarta la posibilidad de que el nivel de intensidad del flagelo se registró con la explosión de cócteles molotov que supuestamente llevaban los estudiantes.

También descartaron la posibilidad de que los campesinos se inmolaran, como sugirió la defensa del acusado.

En opinión del Tribunal, el fuego se aceleró por la intervención de la PN, específicamente por el uso de un “aparato”, nombre con el cual designaron a un lanzallamas utilizado por el agente Rodolfo Cruz.

“La oportuna salida de García Arredondo de la embajada confirma que él sabía lo que iba a suceder”, según señala la sentencia. Posteriormente, el tribunal ordenó un resarcimiento de 9 millones de quetzales para seis familiares de las víctimas.

Reacción internacional

Érika Guevara-Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, se sintió conforme con la sentencia, declarando que se “ha tardado tres décadas y media, pero la justicia ha condenado por fin a Pedro García Arredondo por el ataque contra la embajada de España”.

El gobierno español, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, mostró su satisfacción por el juicio al asalto de 1980 a su delegación en Guatemala, que supone “que se impartió justicia” y porque el fallo “contribuye significativamente a dignificar la memoria de las víctimas y de sus familiares”.

España felicitó a la justicia guatemalteca porque ‘35 años después juzgó estos hechos de acuerdo con las leyes y el respeto al debido proceso’. (I)

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