En cinco años se celebraron 17 contratos por $ 258 millones

| 08 de Febrero de 2017 - 00:00
Funcionarios de la Fiscalía, entre ellos Juan Carlos Zúñiga, se preparan para litigar en el juicio.
FOTO: Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

En el complejo judicial norte de Quito se inició ayer la audiencia de juicio contra los 18 procesados por cohecho en la empresa estatal Petroecuador.

En la instalación de la audiencia de juzgamiento contra los 18 procesados en el caso de cohecho en Petroecuador hubo demoras, porque la sala quedó pequeña en relación al número de procesados y abogados que acudieron al complejo judicial.

A la diligencia llegaron Javier B.,  Álex B.P. y Sonia C. También asistieron los procesados Paquita de Mora, Gorki Rueda, Alexandra Herrera y Yesenia Pachano, quienes están con medidas sustitutivas; 11 se encuentran prófugos, entre ellos Carlos P.Y., y tres permanecen detenidos.

Una vez iniciada la audiencia, la Fiscalía presentó los testigos y peritos que respaldarán su posición; y también cada uno de los procesados, a través de sus abogados, llevaron a las personas que declararán a su favor. Son 200 ciudadanos que rendirán su testimonio. El secretario del Tribunal Penal tomó asistencia a los testigos y luego se dirigieron a una sala adjunta, de donde saldrán cuando se los llame a declarar.   

Eran las 09:30 y la audiencia no iniciaba por inconvenientes de última hora, por ejemplo, algunos abogados no recibieron la notificación, lo que provocó que no llamaran a sus testigos (policías y civiles no acudieron a la diligencia). El secretario del tribunal confirmó los correos electrónicos de las partes procesales para remitir la información.

Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, estuvo presente en la audiencia como acusador particular y como testigo del caso. Junto con José Luis Cortázar, gerente de refinación, se ausentó unos minutos, y después regresó a la audiencia.

Según el informe, 17 contratos por $ 258’636.956 se celebraron entre 2012 y 2016 en la Refinería de Esmeraldas.

El fiscal Juan Carlos Zúñiga ratificó que el delito de cohecho se habría configurado al recibir y entregar transferencias indebidas de dinero. Para ello crearon empresas offshore en Panamá y Bahamas, a nombre de los procesados y de sus familiares. Su teoría la respaldó en el informe de asistencia de Panamá.

Juan Carlos Paredes, abogado de  la empresa estatal Petroecuador, señaló que en la audiencia se demostrará que los exfuncionarios de la estatal conformaron una organización y actuaron con dolo.

Ellos aprovecharon -dijo- el programa de repotenciación de la refinería para dar y recibir dinero. Abusaron del giro específico del negocio para firmar contratos y conformaron empresas offshore radicadas en Panamá.

La representante de la Procuraduría General del Estado, Gloria Martínez, respaldó la posición de la Fiscalía y de Petroecuador. Ella alegó que en el proceso se demostrará la culpabilidad de los 18 procesados.

En el receso, José Burbano y Gustavo Gaete, abogados de Carlos P.Y.,  coincidieron en que los videos que circulan en las redes sociales, en donde ‘Capaya’ habla de su situación, no serán utilizados en este proceso porque no son parte del caso.

Burbano señaló que hay incoherencias sobre la conducta penal que refiere la Fiscalía contra su defendido, porque no precisa el delito, solo menciona a nivel general el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Diego Velasco, abogado de Álex B.,  Gorki R., Alejandra H. y Cenia P., sostuvo que debe existir claridad en la acusación de la Fiscalía. Cuestionó que los 18 procesados hayan sido señalados como supuestos responsables de cohecho.

El jurista alegó al dictamen abstentivo del fiscal Jacinto Tibanlombo que consta en el expediente contra sus defendidos Gorki R., Alejandra H. y Cenia P.

Esteban Ballesteros, defensa de la imputada Paquita de M., dijo que no es delito ser parte de una empresa offshore. Hasta el cierre de esta edición seguía la diligencia. (I)