Viernes, 02 Diciembre 2016 00:00 Justicia

El primer juicio por genocidio concluye con sentencia en tribunal internacional de Francia

El primer juicio por genocidio concluye con sentencia en tribunal internacional de Francia

El jefe de los servicios de Inteligencia ruandés, Pascal Simbikangwa, fue condenado a 25 años de reclusión por complicidad en crímenes contra la humanidad. El fallo fue apelado.

Redacción Justicia

En el país de las Mil Colinas ocurrió a finales del siglo pasado uno de los más brutales genocidios que se han cometido en el planeta. La República de Ruanda, una hermosa nación enclavada en la región de los grandes lagos de África Central, tuvo en 1994 el desarrollo de una campaña de odio racial y esto desencadenó en masacres.

Esto como consecuencia del sistema de segregación que impuso el Frente Patriótico Ruandés contra los tutsis, uno de los tres pueblos que habitan ese país y a los que consideraban socialmente inferiores, obligando a un desplazamiento forzado de esta población a países vecinos y a las montañas.

Solo en unos meses, en Ruanda se contaban 800.000 cadáveres y las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron brutalmente violadas y los niños producto de este abuso, unos 5.000, también fueron asesinados. Esto ocurrió entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994.

En Francia inicia juicio

Veinte años después, el 4 de febrero de 2014, comenzó en Francia el primer juicio contra un presunto cómplice de la masacre, el jefe de los servicios de Inteligencia ruandés Pascal Simbikangwa, de 54 años, al que acusaron de crímenes contra la humanidad.

Simbikangwa, con el grado de capitán, quedó discapacitado en 1986 después de un accidente automovilístico y fue la cabeza más visible del gobierno de Ruanda  en la persecución y asesinato de los tutsis. Irónicamente, como muchos de sus compatriotas, fue a esconderse en Francia tras el baño de sangre de 1994. Luego se escondió en las islas Comoras.

En ese mismo año fue detenido por adulteración de documentos, vivía con nombre falso en la isla de Mayotte, un departamento de ultramar de Francia en el océano Índico. La justicia francesa se negó a extraditarlo a Ruanda, como lo había hecho anteriormente en casos similares.

El juicio fue íntegramente filmado, lo cual se constituyó en un caso excepcional. Ninguna víctima participó en el proceso porque la acusación no los pudo identificar de manera formal. Las partes civiles fueron representadas por ONG.

Simbikangwa reconoció su cercanía con el régimen del presidente hutu Juvenal Habyarimana, cuyo asesinato el 6 de abril de 1994 fue el detonador del genocidio, pero negó haber organizado o participado en las matanzas.

No obstante se mantuvo en firme la acusación de contribuir, con conocimiento de causa, en la práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias y actos inhumanos, así como al genocidio.

Sus abogados Alexandra Bourgeot y Fabrice Epstein denunciaron que en la causa “las únicas acusaciones son de testimonios” y sostuvieron que su cliente “niega los hechos”. La instrucción retuvo finalmente la acusación de complicidad.

Los defensores reforzaron la teoría de que había “muy pocos cargos contra él” y que el juicio era eminentemente político y diplomático, sobre todo teniendo en cuenta el acercamiento de Francia y Ruanda tras tres años de ruptura de relaciones diplomáticas (2006-2009).

Después surgieron cargos porque organizó, en Kigali y en su región natal de Gisenyi, retenes en los que eran capturados y ejecutados los tutsis, además de haber ordenado y entregado armas a quienes los retenían. Esto tampoco prosperó y las acusaciones sobre participación directa en una matanza se abandonaron porque los jueces de instrucción consideraron que los testimonios fueron tardíos y contradictorios.

Uno de los demandantes, Alain Gauthier, presidente del colectivo de acusadores por Ruanda, lamentó que no se considere una matanza de personas refugiadas en una iglesia.

Del mismo colectivo, el abogado Simon Foreman, sostuvo que la complicidad “no implica una disminución de responsabilidad” y señaló que Simbikangwa fue “un engranaje que puso en marcha la mecánica ejecutada por otros”.

Fallo contra ruandés

Durante el juicio el fiscal general Bruno Sturlese, en sus conclusiones finales, había descrito al ruandés, como un “limpiador capaz de lo peor y con un compromiso radical y extremista”, que permitió la tortura desde su posición de mando y promovió el odio contra los tutsis, organizando controles, interrogatorios y ejecuciones sumarias.

Tras seis semanas de litigación y 12 horas de deliberación, el 14 de marzo de 2014, la prensa mundial se hizo eco de la sentencia pronunciada por el Tribunal Penal de París. Simbikangwa fue condenado, un día viernes, a 25 años de prisión por complicidad en el genocidio y crímenes contra la humanidad. El acusado recibió la condena sin apenas inmutarse, sentado en su silla de ruedas.

Esta declaración se la considera histórica, al ser el primero de competencia extraterritorial que se dicta en el Palacio de Justicia parisino y también el primero sobre el genocidio ruandés que no se celebra en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de Arusha (Tanzania), creado para este propósito por las Naciones Unidas en noviembre de 1994.

“El mensaje de este juicio”, había indicado Clemence Bectarte, abogado de la Federación Internacional de Derechos Humanos, “es que después de todos estos años Francia ya no dará refugio a ruandeses sospechosos de genocidio”.

Después de Simbikangwa,  27 casos vinculados a aquellos 100 días trágicos se hallan a la espera de que los jueces galos les asignen fecha.

“Con este juicio, el sistema judicial francés demostró que, gracias a la competencia extraterritorial, Francia puede juzgar a personas acusadas de los crímenes internacionales más atroces, incluso si se cometieron hace 20 años y a miles de kilómetros de este país”, afirmó Patrick Baudouin, presidente honorario del Movimiento Mundial de los Derechos Humanos. (I)

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